BOLETÍN DE PRENSA
MISIÓN INTERNACIONAL POR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES VISITA HONDURAS PARA ABORDAR LA SITUACIÓN DEL FEMICIDIO/FEMINICIDIO
Tegucigalpa, Honduras, 5 de noviembre de 2010.
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Entrevistas con mujeres de organizaciones y audiencia de casos. Foto: RIF-FIRE |
La Campaña Regional por el Acceso a la justicia para las Mujeres, con el acompañamiento del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (ILANUD), la Fundación Justicia y Género y el Consejo General de la Abogacía Española, han convocado a especialistas a conformar una Misión Internacional que acude del 1 al 9 de noviembre a tres países de la Región: Nicaragua, Honduras y México.
La Misión Internacional por el Acceso de las Mujeres a la Justicia, tiene como objetivo promover la prevención, sanción y erradicación de femicidio/feminicidio en la región Mesoamericana. A continuación un resúmen de lo que cada integrante de la misión recomendó en el caso de Honduras.
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Victoria de Pablo. Consejera del Consejo General de la Abogacía de España.
Ayer el Estado de Honduras, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, reconoció la existencia de una alta criminalidad y violencia en el país. Ante la postura de diversos Estados que recomendaron identificar las causas de dicha criminalidad, es importante destacar que este problema afecta a los grupos más marginados y discriminados en la sociedad hondureña y que entre éstos, se encuentran las mujeres, quienes son víctimas de una cultura de violencia y discriminación basadas en el género que las coloca en una situación de desigualdad.
A través de los testimonios de familiares de mujeres víctimas de femicidio, como Misión Internacional hemos podido constatar que la violencia contra las mujeres en Honduras se ha agudizado recientemente, reportando 768 casos de femicidio en los últimos dos años de los cuales sólo 12 han sido judicializados. Esta situación se ve agravada por la falta de una atención efectiva e inmediata por parte de los operadores de justicia, ya que con frecuencia las mujeres no cuentan con recursos judiciales idóneos al denunciar los hechos sufridos.
Aunado a esto, encontramos que en la mayoría de los casos no existe la debida diligencia en las investigaciones y procesos judiciales, con lo cual se impide el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas. Es así como el Estado hondureño incumple con sus obligaciones internacionales como las contraídas en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará).
Asimismo, el día de ayer el Estado de Honduras se comprometió ante la ONU a crear y ejecutar un Plan de Acción para la protección de los derechos humanos. Las organizaciones de mujeres hondureñas reclaman y esta Misión Internacional recomienda como urgente, que ese plan de acción contemple un plan específico de acción contra la violencia hacia las mujeres y el femicidio.
Julia Monárrez Fragoso, Investigadora experta en el tema de feminicidio del Colegio de la Frontera Norte en México:
En Honduras, la violencia contra la mujer ha alcanzado proporciones inéditas en los últimos años, a pesar del subregistro de la misma. Si bien, el movimiento feminista posicionó La ley contra la Violencia Doméstica, este instrumento jurídico no ha cambiado las mentalidades discriminatorias contra la mujer, porque no ha estado acompañado de la protección jurídica, de políticas públicas y de actos de justicia, por parte del Estado, que sirvan para enviar mensajes claros y contundentes de que la violencia contra la mujer es inadmisible, por lo tanto su función pedagógica es nula para la transformación de la realidad de la cultura de la violencia patriarcal con la cual conviven las niñas, las adolescentes y las mujeres en Honduras.
En un conversatorio, con varias organizaciones del movimiento feminista y familiares de víctimas, esta Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, testimonia un retroceso en el acceso a la justicia que posibilite a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en cambio, constata un incremento en las diversas violencias que experimentan las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, en un contexto de una sistemática discriminación genérica donde se valora la superioridad del hombre y la inferioridad y subordinación de la mujer a ellos.
Ayer el Estado de Honduras, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, reconoció la existencia de una alta criminalidad y violencia en el país. Ante la postura de diversos Estados que recomendaron identificar las causas de dicha criminalidad, es importante destacar que este problema afecta a los grupos más marginados y discriminados en la sociedad hondureña y que entre éstos, se encuentran las mujeres, quienes son víctimas de una cultura de violencia y discriminación basadas en el género que las coloca en una situación de desigualdad.
A través de los testimonios de familiares de mujeres víctimas de femicidio, como Misión Internacional hemos podido constatar que la violencia contra las mujeres en Honduras se ha agudizado recientemente, reportando 768 casos de femicidio en los últimos dos años de los cuales sólo 12 han sido judicializados. Esta situación se ve agravada por la falta de una atención efectiva e inmediata por parte de los operadores de justicia, ya que con frecuencia las mujeres no cuentan con recursos judiciales idóneos al denunciar los hechos sufridos.
Aunado a esto, encontramos que en la mayoría de los casos no existe la debida diligencia en las investigaciones y procesos judiciales, con lo cual se impide el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas. Es así como el Estado hondureño incumple con sus obligaciones internacionales como las contraídas en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención para Prevenir, Investigar, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención de Belém do Pará).
Asimismo, el día de ayer el Estado de Honduras se comprometió ante la ONU a crear y ejecutar un Plan de Acción para la protección de los derechos humanos. Las organizaciones de mujeres hondureñas reclaman y esta Misión Internacional recomienda como urgente, que ese plan de acción contemple un plan específico de acción contra la violencia hacia las mujeres y el femicidio.
Julia Monárrez Fragoso, Investigadora experta en el tema de feminicidio del Colegio de la Frontera Norte en México:
En Honduras, la violencia contra la mujer ha alcanzado proporciones inéditas en los últimos años, a pesar del subregistro de la misma. Si bien, el movimiento feminista posicionó La ley contra la Violencia Doméstica, este instrumento jurídico no ha cambiado las mentalidades discriminatorias contra la mujer, porque no ha estado acompañado de la protección jurídica, de políticas públicas y de actos de justicia, por parte del Estado, que sirvan para enviar mensajes claros y contundentes de que la violencia contra la mujer es inadmisible, por lo tanto su función pedagógica es nula para la transformación de la realidad de la cultura de la violencia patriarcal con la cual conviven las niñas, las adolescentes y las mujeres en Honduras.
En un conversatorio, con varias organizaciones del movimiento feminista y familiares de víctimas, esta Misión Internacional: “Por el Acceso a la Justicia de las Mujeres en la Región Mesoamericana, testimonia un retroceso en el acceso a la justicia que posibilite a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, en cambio, constata un incremento en las diversas violencias que experimentan las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, en un contexto de una sistemática discriminación genérica donde se valora la superioridad del hombre y la inferioridad y subordinación de la mujer a ellos.
Aunado a esta discriminación, existen otras que potencian la violencia: el origen étnico, la desigual distribución económica de la riqueza social, el lugar de residencia, la división de las personas en ciudadanías que cuentan y otras que no cuentan. En quienes tienen dinero para comprar su inocencia y quienes carecen de éste para obtener justicia. En pactos políticos que garantizan los intereses de los grupos en el poder y dejan en el desamparo a quienes exigen justicia.
La violencia contra la mujer es parte de un continuo, por lo tanto debe ser objeto de una comprensión sistémica que tome como un todo las diferentes violencias que ellas experimentan: Bien puede ser violencia doméstica, violencia intrafamiliar, mujeres abusadas sexualmente, mujeres mutiladas, mujeres maltratadas y torturadas, mujeres víctimas de femicidio.
La generación de impunidad ha permitido mayores actos de agresión contra las mujeres, los cuales, de persistir la misma, tienden a una escalada mayor de actos crueles y atroces en contra de ellas.
De acuerdo al Informe Preliminar: Femicidios en Honduras, desarrollado por Oxfam Internacional, el grupo de mujeres más afectado en este país, son mujeres jóvenes entre 16 y 30 años. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta ¿cuántas hijas e hijos han quedado huérfano?. Son las otras víctimas, son parte de un desastre social que es necesario visibilizar y atender
Yolanda Hernández Sanic. Trabajadora Social de la Asociación POP NOJ, Alianza de Mujeres Mayas para la Prevención de la Violencia de Género:
Esta Misión Internacional hace un reconocimiento del gran aporte que han hecho las organizaciones de mujeres en Honduras contribuyendo a evidenciar los flagelos del femicidio para que sea visibilizado.
Lo que pedimos al gobierno de Honduras y a todas sus instituciones involucradas en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es que cumplan con los estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres, específicamente en los reconocidos por la Convención de Belém do Pará, la cual ha sido ratificada por el Estado hondureño y mediante la cual se obligó al:
-Establecimiento de recursos legales y eficaces en los casos de violencia contra las mujeres.
-Establecimiento de una normatividad que busque sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
-La adopción, por parte del Estado, de medidas de protección judicial para conminar al agresor de abstenerse de cometer algún tipo de violencia contra la mujer.
Como Misión Internacional hacemos un llamado al Estado de Honduras y a sus instituciones a cumplir con dichas obligaciones, recomendando que para ello es necesario adoptar acciones afirmativas que permitan a las mujeres encontrarse en un nivel menos desigual que en el que se encuentran actualmente como producto de la discriminación en todos los ámbitos de la sociedad. El Estado debe buscar el equilibrio entre mujeres y hombres para poder hablar de un efectivo respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres.
“al no tomar medidas razonables para prevenir las violaciones de los derechos humanos, investigarlas seriamente con los medios a su alcance, identificar a los responsables e imponerles las sanciones pertinentes y asegurar a las víctimas una adecuada reparación.” que constituyen la obstaculización del derecho al acceso a la justicia.
Marlon Mora Jiménez. Doctor en Derechos Humanos e integrante del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidades para la Prevención del Delito:
A la luz de la importancia de los derechos humanos a nivel regional nosotros y nosotras como parte de la misión estaremos vigilantes de la aplicación, revisión y sistematización de un Plan de Acción en Derechos Humanos al que se comprometió el Estado hondureño en el caso particular de la ministra de la República, María Antonieta de Bográn. De allí, el resaltar desde este plan la potencia que tendría la categorización de un apartado específico en materia de femicidio y derechos humanos de las mujeres.
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