Comunicado de prensa
AUMENTAN LOS FEMICIDIOS Y RETROCEDEN LAS RESPUESTAS DEL ESTADO COSTARRICENSE
Consternación y repudio nos causan todos y cada uno de los femicidios que han ocurrido y siguen ocurriendo en Costa Rica. Sin embargo, es absolutamente urgente que demos la alarma por los más recientes casos, acaecidos en las últimas 2 semanas. Es evidente que nos encontramos ante un momento de exacerbación de la violencia Femicida; que constituye una severa violación a los derechos humanos.
Los femicidios son la culminación de la violencia basada en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que también ha sido denominada como “terrorismo sexista”, por el efecto paralizante y destructor que tiene no sólo sobre las víctimas y sus familiares, sino sobre todas las mujeres
El Estado Costarricense tiene la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en virtud de ser signatario de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belem do Pará.
Pero la respuesta del Estado en los últimos años no ha estado a la altura de los compromisos asumidos internacionalmente y en lugar de fortalecerse, se debilita cada día más. Los hechos lo demuestran: el programa de atención existente en la CCSS ha sido cerrado; el programa que involucra la respuesta policial fue debilitado en la administración Arias y en la presente su futuro es incierto; los programas de atención en las Oficinas Municipales de la Mujer están casi desaparecidos; y a fines de 2008 una resolución de la Sala Constitucional dejó sin efecto los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, artículos que representaban el 77% de todas las denuncias relacionadas con dicha Ley, mientras el Poder Judicial sigue sin brindar acompañamiento y representación legal a las mujeres violentadas que acuden a los despachos judiciales, cuando sí hay defensa pública para los agresores denunciados.
Si este era ya un panorama lamentable al iniciar la presente administración, las decisiones de la actual Presidenta Ejecutiva del INAMU empeoran aún más esta situación. En tan solo un mes de ejercicio la señora Maureen Clarck ha emitido una directriz por la que se impide a las abogadas de la Delegación de la Mujer representar judicialmente a las mujeres que acuden a esta institución, una de las pocas que brindaba este servicio. Y ha circulado información extraoficial sobre la posibilidad de que parte del presupuesto del INAMU y del Área de Violencia sean desviados a financiar la red de cuido prometida por la Presidenta Chinchilla.
No es de extrañar que ante estos retrocesos los agresores estén envalentonados y los femicidios se disparen. Una situación similar ocurrió en 2007, cuando 5 mujeres fueron asesinadas en 5 días sucesivos, pero entonces la reacción fue unánime y adecuada. Bajo la presión del movimiento de mujeres y feminista, de la opinión pública y de gran parte de los medios de comunicación, en 2007 todos los poderes del Estado se unieron para dar una respuesta clara: no se va a permitir que se sigan matando mujeres, vamos a aprobar la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres.
Este mensaje y la probación en abril de la Ley detuvo esa lógica de muertes, y ese año concluyó con la mitad de femicidios de los que se cometieron el año anterior, a pesar de que la tendencia mostrada hasta abril era la contraria.
Demandamos hoy al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial una respuesta similar a la que se dio en 2007, demostrando voluntad para detener esta ola de violencia femicida. ¿Cuántas mujeres más tienen que ser golpeadas, humilladas, insultadas, violadas y asesinadas para que les importe?
Demandamos el fortalecimiento de los recursos y capacidades para atender la violencia contra las mujeres en la CCSS, la Policía, las Municipalidades.
Demandamos particularmente el fortalecimiento del Área de Violencia del INAMU y de la Delegación de la Mujer.
Demandamos la asignación de los recursos presupuestados en el Poder Judicial para la aplicación de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres para brindar asesoría y representación legal a las mujeres que viven violencia.
Exigimos la restitución de los artículos 22 y 25 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres.
Exigimos, en definitiva, que el primer gobierno de Costa Rica presidido por una mujer, el Poder Legislativo y el Poder Judicial cumplan con sus compromisos internacionales, restituyan las conquistas ya alcanzadas, y avancen en la cantidad y calidad de respuestas que ofrecen para enfrentar la violencia contra las mujeres.
Llamamos a la ciudadanía en general a romper el silencio, a unirse a las voces que están demandando respuestas adecuadas al Estado, y a convertir su preocupación en acciones de cambio en su medio inmediato y a nivel público para que nuestra sociedad diga de una vez por todas NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS.
Red Feminista Contra la Violencia Hacia las Mujeres
San José, 6 de julio 2010/
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