Despenalización del aborto: La férrea lucha por el derecho a decidir
29 de setiembre del 2012
Nathalia Rojas Zúñiga/Radio Internacional Feminista
Nathalia Rojas Zúñiga/Radio Internacional Feminista
Organizaciones de mujeres y grupos feministas conmemoraron el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (28 de setiembre), denunciando la falta de leyes para que se respete el derecho de interrumpir un embarazo.
Con el convencimiento de que la desinformación, prejuicios y fundamentalismos se unen en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, activistas coincidieron en que los gobiernos no respetan su poder de decisión, en un tema que pertenece al ámbito privado.
Mientras que hay países donde el aborto no es penalizado en ciertas circunstancias, en otros por el contrario, no hay ninguna opción para las mujeres más que recurrir a la clandestinidad.
La Organización Mundial de la Salud estima que al año se practican cerca de 20 millones de abortos en el orbe. La mayoría de estos procedimientos se llevan a cabo en condiciones insalubres, lo que arriesga la vida de las mujeres. En 1994, en la Declaración Final de la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, se estipulaba que el aborto realizado en condiciones inseguras es un problema de salud pública que no se puede desconocer.
Decisión personal
Seidy Salas, integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir (Costa Rica) manifestó que en pleno siglo XXI, sigue siendo difícil que la sociedad reconozca la capacidad que tienen las mujeres de tomar decisiones responsables, conscientes y libres.
Comentó que cuando se escucha el término “aborto”, la primera reacción suele ser el rechazo; pero al conocer historias concretas, la opinión cambia. Tal es el caso de interrumpir el embarazo producto de una violación o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero.
“La sensibilidad es mayor, eso le permite a las personas modificar sus prejuicios y ver la injusticia por la penalización del aborto”.
Salas criticó el accionar de países como Nicaragua o República Dominicana, donde se penaliza hasta el aborto terapéutico, poniendo en peligro de muerte a las mujeres que lo requieren a fin de salvar sus vidas. El ejemplo de El Salvador es alarmante, agregó, pues allí hay una persecución incluso a mujeres que tienen abortos espontáneos, y son detenidas porque se creen sospechosas de inducirlo.
Larissa Arroyo, abogada especialista en derechos humanos y también integrante de la Colectiva por el Derecho a Decidir, mencionó que este es un tema de salud integral para las mujeres.
Opinó que el problema más grave es que se han arrebatado derechos que se creía ya estaban asegurados, como optar por abortos terapéuticos, en caso de que la vida o salud de la mujer esté en peligro. La causa de esta situación, aseguró, es que la moral se impone a las políticas públicas.
Otro de los inconvenientes es que las mujeres de estratos socioeconómicos altos pueden practicarse un aborto en condiciones seguras y con la información necesaria, pero quienes carecen de recursos, lo hacen poniendo en riesgo su bienestar. Estas últimas, son las que más sufren con la penalización, resaltó.
“El aborto es una realidad. Las mujeres están abortando, cuando toman la decisión lo van a hacer de cualquier manera. Cualquier tipo de mujer aborta, muchas veces se estereotipa o reduce a las que lo hacen”.
Arroyo añadió que dicha decisión se toma a partir de los valores, creencias y circunstancias propias de cada mujer. “Nadie más que ella debe tomar la decisión; ni un cura, ni un doctor, ni el presidente de la república ni un diputado”, citó.
A su vez, destacó el caso de Uruguay, donde se está discutiendo la despenalización del aborto. La profesional expresó que en ese país sudamericano se reconoce la realidad.
Un país donde se permite desde el 2007 es México, hasta las 12 semanas de gestación. En Costa Rica, solo se permite el aborto terapéutico, pero no existe un protocolo en los centros de salud para atender los casos de este tipo.
Colombia también permite la inrrupción del embarazo en casos específicos, según una sentencia de la Corte Suprema de Justicia.
Nicaragua, el retroceso
En otras naciones, se ha retrocedido en el tema de la interrupción del embarazo. Y Nicaragua es uno de estos ejemplos. Hace seis años, se penalizó de forma total.
Bertha Sánchez, del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico en Nicaragua, mencionó a FIRE que están exigiendo que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el código que castiga esta práctica el aborto.
La activista consideró que se ha avanzado, ya que según encuestas realizadas por el movimiento de mujeres, más de la mitad de la población está a favor del aborto para garantizar la salud o vida de la mujer.
El escollo, señaló, es que Nicaragua es un país con una carga religiosa muy fuerte, en la que influyen los mensajes de la jerarquía de las iglesias.
La petitoria de restituir el aborto terapéutico allí incluye tres causales: salud y vida de la mujer, embarazo producto de violación y malformación congénita incompatible con la vida.
Durante el Día por la Despenalización del Aborto, grupos de ese país se congregaron en una marcha denominada "Yo acuso", en la que recorrieron en una caravana varias instituciones públicas que han sido criticadas por violentar los derechos de las mujeres, como la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio Público, Policía Nacional y Asamblea Nacional. En el último organismo, se responsabilizó a los diputados y diputadas de ser los principales responsables de la penalización del aborto.
“Posicionamos una vez más la demanda en el debate público, sirve de presión para los y las tomadores de decisión y funcionarios del estado, que sepan que estamos atentas, vigilantes y no nos callaremos ante la impunidad y la agresión a nuestros derechos”, indicó Sánchez.
Foto: Caravana “Yo acuso”, efectuada el 28 de setiembre del 2012 en Nicaragua. (IPAS-Centroamérica).
{JComments ON}