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A un año de la primera sentencia internacional sobre femicidio en Juárez, queremos justicia


María Suárez Toro, RIF

Es el 29 de noviembre en Juárez, Chihuahua, México. Allí se han reunido familiares, legisladoras, académicas, comunicadoras, activistas y representantes de organismos internacionales en el Foro Internacional "Justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres: a un año de la Sentencia de Campo Algodonero".

La sentencia del 10 de diciembre del 2009 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) declaró culpable al Estado mexicano por no hacer justicia a tres mujeres (2 niñas y una joven) niñas y jóvenes víctimas del caso del Campo Algodonero en Chihuahua al no prevenir ni investigar de forma adecuada la muerte de tres de las mujeres, cuyos cuerpos aparecieron en el campo algodonero en Juárez hace 9 años.


El fallo del CIDH conmina en plazos perentorios de seis meses a un año para reconducir el proceso de investigación interrumpido, sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esos femicidios y desarrollar políticas públicas para evitar que estos casos vuelvan a ocurrir y mecanismos para de reparación  a familiares de las víctimas, entre ellos una indemnización. Forma parte de la sentencia la responsabilidad del estado de crear un monumento público “para no olvidar” situado en el Campo Algodonero donde un día del año 2001 fueron asesinadas Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette y miles de desaparecidas y víctimas de femicido.

La madre de una de ellas – Benita - no pudo llegar por estar exilada en Estados Unidos, huyendo de la represión de las autoridades en Chihuahua. Otra de ellas – Josefina - tampoco pudo hacerse presente, declarándose enferma por el miedo a las represalias. Y la que llegó dijo que estaba allí para exigir justicia sobre el asesinato de su hija y el de todas las demás. “No quiero dinero, quiero ver a las autoridades responsables de no cumplir con su deber y a los responsables directos, son 9 años en que no hemos visto justicia” dijo Irma Monreal, madre de una de las víctimas.

Este 10 de diciembre se cumple un año desde que se dictó la primera sentencia internacional contra el estado mexicano en su historia, las cual pone al desnudo la irresponsabilidad de México para con la justicia en los casos de feminicido por omisión y por acción negligente.

Eco del reclamo de la madre y el resto de familiares hicieron  representantes de organismos como Amnistía Internacional, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (ONU-Mujeres), El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la Red de todos los derechos para todos y todas, la Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Mujeres por México en Chihuahua A.C., Nuestra hijas de regreso a casa, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollah y la Red de Investigadoras por la vida y la libertad de las Mujeres.

Contaron con la participación de especializada de un contingente de especialistas en el tema de la sentencia, entre ellos el Dr. Juan Pablo Albán Alencastro del Ecuador y abogado que coordinó el grupo de litigio de la CIDH en el caso “Campo Algodonero” quien sugirió que la Corte sola no puede obligar al estado a cumplir, sino que solo el trabajo conjunto de sociedad civil, autoridades locales y organismos internacionales puede lograr eso. Llamó a la convocatoria de audiencias públicas donde el estado tenga que responder sobre lo que ha hecho o dejado de hacer sobre la sentencia.

Paz López del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer  UNIFEM (ONU MUJER) y Yolanda Guirola del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) se refirieron al papel que jugó la Convención de Belem do Pará de la OEA sobre la violencia de género en la sentencia destacando que dicha Convención es un instrumento clave para relacionar violencia con la discriminación y desigualdad que están  en la base de la violencia de género.

Igual énfasis en la desigualdad hizo la abogada costarricense, Dra. Roxana Arroyo, Directora de la Fundación Género y Justicia del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito. (ILANUD), afirmando que la sentencia es emblemática en el largo camino para lograr la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. “Este caso comprueba que los más universal no son los derechos, sino la violencia contra las mujeres.”

La diputada mexicana Teresa Guadalupe Reyes Sahagún dijo que si México no da cumplimiento a la sentencia “se estaría enviando un mensaje de lo más negativo a la comunidad internacional sobre la implementación de justicia y la falta de derechos para los habitantes.”

Antonieta Pérez Reyes, diputada mexicana de la Secretaria de la Comisión Especial para los Feminicidios LXI Legislatura de la Cámara de Diputados explicó que Juárez es la segunda ciudad más importante de la maquila mundialmente, después de Singapore.  “En la década de los 60 los gobiernos crearon infraestructura para la inversión, pero nada para la mano de obra que se requería, lo que hacía predecible lo que iba a pasar: un ciudad deshumanizada para la fuerza laboral. Si esto no cambia, no se puede resolver el problema.”

Otra diputada, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, integrante de la Comisión Especial para los Feminicidios LXI Legislatura de la Cámara de Diputados explicó que los feminicidos no son circunstancias aisladas o tragedias personales, sino una política de estado y que es por eso que no se han resuelto los casos. “La impunidad con la que actuaron los la autoridades es la que provoca la sentencia, y no solo las muertes, sino el maltrato a sus familiares… ” Aclaró que la sentencia habla del contexto de la década de  los 90 porque desde entonces había los elementos para parar esa violencia, “pero el estado generó la probreza y marginación en la que viven las mujeres. Organizaronos para exigir justicia es vital.”

Las participantes exigieron cumplimiento total de la sentencia de la Corte Interamericana sobre justicia para las víctimas del caso del Campo Algodonero en Chihuahua, creación de un banco de datos sobre feminicidio tal cual aparece en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, castigo para funcionarios públicos que incurrieron en delitos por omisión e ineficiencia en las investigaciones y para los responsables directos de los crímenes y acciones concretas para avanzar en la igualdad integral de las mujeres fueron algunas de las propuestas expuestas. Llamaron a juntar los esfuerzos de sociedad civil, organismos internacionales y autoridades para dar justicia a los familiares de las víctimas de los feminicidios y avanzar en la erradicación de la violencia hacia la igualdad de las mujeres.

Para más información y para escuchar las presentaciones, ir a www.radiofeminista.net