Se ha manifestado de forma clara, un clamor generalizado por la ausencia de protección a las mujeres víctimas de violencia en nuestro país, la aplicación de una legislación carente de sensibilidad con una visión desnaturalizada, y poco coherente con los principios del respeto a la dignidad e integridad de las personas.
Por ello, nos estamos solidarizando no solo con esta mujer, sino con todas aquellas que han visto pisoteados sus derechos y una justicia ciega, que se pone del lado de los agresores.
La ramonense afectada por la decisión de los Tribunales de Justicia de San Ramón presenta una doble condición de vulnerabilidad tanto por su situación de género como por su discapacidad, por lo que se violenta el artículo 6 de la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad que los Estados deben asegurar medidas para que las mujeres con discapacidad puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
Alto a la impunidad
Alto a la injusticia
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