Radio Internacional Feminista / Mayo 2005

MUJERES CONTRA EL TLC

La calidad de vida y los derechos de las mujeres bajo los criterios del libre mercado

MSc. Ana Rosa Ruiz Fernández

Los países del mundo en mayor o en menor grado han estado abriendo sus economías. Esta apertura hacia el mundo ya no es solamente en un intercambio de bienes y servicios, sino también en flujos de capital que van desde inversiones de nacionales hacia el exterior o de extranjeros invirtiendo en el país.

Este movimiento de capital alrededor del mundo se fortalece cuando la producción de bienes y servicios ya no es en los países donde existe el capital de inversión y trabajo sino que se genera en los lugares donde el costo de insumos y del recurso laboral son más baratos. No obstante, siempre la ganancia irá a los dueños del capital, es decir, a los países desarrollados y específicamente a las grandes corporaciones.

La capacidad económica, informática y competitiva de éstas grandes corporaciones avanza hacia los diferentes campos de producción y servicios. Esta situación enfrenta a la organización productiva de los países subdesarrollados a la disyuntiva de cómo enfrentar una competencia asimétrica.

Es en este nivel donde las políticas de Gobierno son cada vez más importante si se quiere generar o asegurar una capacidad productiva nacional. Sin embargo, la tendencia es que los Estados en los países subdesarrollados cada vez tengan menos ingerencia en sus políticas de comercio, fiscal, monetario, empleo, etc. Esta situación se da porque se incorporan a la lógica del libre mercado, es decir, eliminar todas las barreras arancelarias, los incentivos a la producción, al trato diferenciado entre nacionales y extranjeros. El problema de este tipo de lógica es que esto conviene a los intereses internacionales de grandes consorcios y no a los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque la micro, pequeña y mediana empresa requieren de apoyo estatal, más cuando se trata del sector agroforestal, expuesta a los factores ambientales. Por otro lado, se cree que ofreciendo grandes incentivos a la empresa transnacional (zonas francas, desgravación arancelarias, etc.), se va a promover una inversión extranjera que genere empleo y fortalezca la producción nacional.

En el sexto informe del Estado de la Nación señala que Costa Rica a pesar de haber logrado un crecimiento económico en Costa Rica en 1999 y alcanzado el más alto per cápita de América Latina, no produjo un aumento en el ingreso nacional disponible "... principalmente porque las actividades relacionadas con la inversión extranjera y las exportaciones no generaron un "crecimiento hacia adentro", mediante una mayor vinculación entre sectores productivos y, más bien, transfiriendo hacia el exterior grandes cantidades de dinero en forma de utilidades. Esta situación se había presentado en períodos anteriores, pero no en la magnitud actual" (Estado de la Nación: Sexto Informe 1999, 2000, página 174).

Esto significa que no es suficiente un modelo económico basado en la inversión extranjera para promover un desarrollo nacional.

Esta lógica de apertura, bajo el criterio de globalización, es decir, del libre mercado, coloca a las personas bajo la condición de igualdad de oportunidades. Es decir, la sobrevivencia, el acceso a los recursos, el crecimiento humano, personal, técnico, profesional será bajo condiciones de competitividad, o sea, el que posea riqueza tendrá oportunidades.

Esto hace que el acceso a los derechos básico que toda persona debe tener, dependerá de la posesión económica sin contemplar que existen sectores vulnerables, tal como: el agrícola, el indígena, las mujeres, la tercera edad, la micro y media empresa, que requieren de apoyo para poderse desarrollar.

¿En qué promueve esta tendencia los Tratados de Libre Comercio?

Los Tratados de Libre Comercio promueven que las barreras arancelarias y protecciones a sectores productivos o productos nacionales sean eliminados con el fin de generar el libre comercio entre países.

Esta situación es deseable cuando se habla de países en igualdad de condiciones, sin embargo, entre Costa Rica y Estados Unidos y también de hecho, entre Costa Rica y los otros países centroamericanos existen asimetrías que son importantes que se reflejen en este tipo de Tratados.

En el caso de Costa Rica en particular, existe una estructura productiva muy vulnerable que no ha podido por un lado, mantener un crecimiento productivo creciente y sostenido y por otro lado, un empleo en crecimiento y con calidad. "El crecimiento en el periodo 1997-2002... se concentró en particular en las actividades que directamente recibieron la inversión extranjera, sin que este dinamismo se lograra transmitir al resto de la economía debido a la falta de integración de dichas actividades con otras..." (Hacia dónde vamos, Procesos, 2003)

En el Noveno Informe del Estado de la Nación se indica que la producción nacional "no ha aumentado de manera significativa la proporción de empleos formales en la economía, ni ha mejorado las condiciones laborales de los trabajadores agropecuarios e informales" pág. 78

Por tanto, nos enfrentamos a una estructura productiva débil y con una gran necesidad de que sea apoyada por políticas más fuertes por parte del Estado. El fortalecimiento de la capacidad productiva del país no solo promovería la creación de empleo nuevo sino también asegurar que el país cuente con una soberanía alimenticia y no depender en el futuro de la inversión extranjera y la importación de productos.

El defender la soberanía en cuanto a su autonomía para determinar la política de Estado y tener una capacidad productiva que garantice la seguridad alimenticia y crecimiento futuro, son los factores que permitirán que cada ciudadano y ciudadana gocen de derechos.

Cuando un país pierda estos factores cada ciudadano y ciudadana estará expuesta a perder su libertad a decidir, a educarse, a trabajar y a moverse.

En particular, con el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Costa Rica estamos entregando soberanía, al permitir que entes extraterritoriales entren en disputas en asuntos nacionales, no se reflejen las asimetrías entre países (acceso de mercados, inversión y compras públicas), se dé apertura a acuerdos de propiedad intelectual donde el país ha estado posponiendo su aprobación (por ejemplo: UPOV ), no se limite o condicione la inversión extranjera, se minimiza las obligaciones laborales y ambientales, principalmente.

Todos estos elementos lesionan los derechos alcanzados por cada ciudadano y ciudadana de este país. Por tanto, en principio existe una gran amenaza tanto para mujeres como para hombres. Sin embargo, los efectos serán aún más grandes para las mujeres.

¿Cuáles derechos estarán lesionando más la condición de la mujer?

Entre los factores que influyen en la incorporación de la mujer en el trabajo se encuentra su escolarización. "Son aquellas que van adquiriendo estudios las que se incorporan al mercado laboral. El grueso de la población femenina con primaria o menos, o incluso con poquitos años de secundaria, no se incorpora." (Montiel, 1998).

Las que no se incorporan son aquellas que terminan trabajo en las casas de sus maridos o parejas sin reconocimiento de su aporte, trabajo doméstico remunerado o en el sector informal. Estas actividades no generan las condiciones y garantías laborales que se exigen, por el contrario, trabajan en condiciones de alto riesgo e inseguridad. Es decir, con bajos salarios, sin aseguramiento, prestaciones, vacaciones, seguro social, etc.

"Las mujeres que cargan con el trabajo reproductivo y además tienen baja escolaridad, encuentran que si trabajaran, no obtendrían lo suficiente como para pagar a quien las sustituya en el trabajo reproductivo o doméstico" (Montiel, 1998).

Es una doble trampa: por ser mujeres no terminaron de educarse, y por no terminar de educarse, no obtienen trabajos con una remuneración suficiente para emanciparse.

En Costa Rica, el 71% de los hombres con primaria incompleta trabaja, mientras que solo un 23% de las mujeres con ese mismo nivel educativo lo hace. La existencia de esta brecha entre los sexos también se comprueba en los demás estratos educativos. "No es solo que su nivel educativo impida a las mujeres incorporarse más. Es un factor cultural, porque casi todos los hombres con bajo nivel educativo se incorporan. Esto se debe al rol que ellos tienen como proveedores dentro de la sociedad". (Montiel, 1998).

Este condición de la mujer para su incorporación al mercado, la segmentación laboral, la relación de género en los salarios, el hostigamiento y acoso sexual en la educación y en lo laboral, hacen que sea necesario en los Tratados de Libre Comercio que se explicite la erradicación de todas estas formas de discriminación que limitan el acceso de la mujer a la educación, al trabajo y al sector empresarial.

Bajo este contexto, el cual es la base sobre la cual se incorpora la mujer al sector productivo-remunerado, se analiza a continuación solo cinco elementos del Tratado de Libre Comercio ya que existen otros.

Derecho al acceso al conocimiento.

Existe un conocimiento que se adquiere de manera formal a partir del sistema de educación pero hay otro que son producto de las herencias de generaciones anteriores, por ejemplo, formas de cultivo y semillas. Este conocimiento informal es la base de la sobrevivencia de un gran número de personas en el mundo, especialmente mujeres que emprender actividades productivas, especialmente, en la agricultura. "El acceso al capital, medido a través de la propiedad empresarial en establecimientos de uno a nueve ocupados, muestra menor presencia de mujeres. Sin embargo, este valor mostró una tendencia ascendente durante la década, al pasar de 9,6% en 1990 a 17,7% en 1999. Es particularmente notable el crecimiento de las mujeres patronas de la zona rural" (Estado de la Nación, Serie 7, 2002)

Esta tendencia al crecimiento de la mujer en el sector empresarial, requiere de apoyo para que ella acceda a la información y el conocimiento que genere sea transferido a otras personas. Sin embargo, la tendencia es que el acceso al conocimiento sea de la formalidad, aquella donde hay que pagar el derecho a usarla. Esta forma de adquirir el conocimiento, es uno de los pilares del Tratado de Libre Comercio, el cual se ha denominado: propiedad intelectual.

Este mecanismo es un beneficio si todas las personas tuvieran los recursos para la investigación y el trámite de éste. Sin embargo, son las entidades con recursos lo que pueden hacer uso de este mecanismo. "Estudios realizados muestran cómo el gran porcentaje de solicitudes para protección por medio de la UPOV en América Latina provienen de extranjeros: en Ecuador el 97%, en Colombia el 84%, en Chile el 79%, en México el 67% y en Argentina el 57%."

La producción agrícola es una de las áreas con mayor riesgo, dado su vulnerabilidad por causas ambientales. Esto hace que sus costos no solo sean altos sino que la recuperación sea de alto riesgo. Este es un sector al cual hay que ofrecerle todo el apoyo estatal, no solo por su vulnerabilidad sino también porque sería la forma de garantizar la soberanía alimenticia, factor clave para garantizar autonomía, independencia y disminución de la pobreza.

Derecho a la incorporarse a la producción nacional

La posibilidad de emprender empresas depende de muchos factores, no solo el tener capital, sino también información sobre las tendencia de producción y el grado de competitividad del sector, entre otros.

Para una mujer todos estos factores son una gran limitación. El acceso al crédito ha sido una limitación histórica no solo por los requisitos sino también por las fluctuaciones de las tasas, que en muchos casos la actividad emprendida no puede enfrentar. De igual forma, para emprender una actividad el nivel de protección de inversión extranjera es clave, por la falta de tener las mismas condiciones para competir.

En el Tratado de Libre Comercio se plantea períodos de desgravación en muchos de los productos que pueden ser comerciados internacionalmente. Esta desgravación parte de que los y las productoras irán en forma paulatina creando capacidad para enfrentar la competencia.

Este supuesto para las mujeres es una amenaza ya que su incursión en la producción requiere de apoyo e incentivos no solo para enfrentar la competencia nacional sino también la internacional.

"El ingreso de las mujeres al mundo del trabajo productivo supone para ellas no solamente enfrentar los desafíos de un universo que hasta ahora les era ajeno, sino también sobrellevar la carga de una doble jornada, definida por el cumplimiento simultáneo de las tareas domésticas – impagas – y las tareas remuneradas. Desde esta perspectiva, resulta crucial contar con programas de apoyo a las mujeres trabajadoras, al menos en lo que respecta al cuido de niños, niñas, persona mayores y personas enfermas." (Estado de la Nación, Serie 7, 2002).

Derecho a una inversión extranjera que ofrezca empleo de calidad

La definición de inversión entre Estados Unidos y Costa Rica no está fomentando recursos externos en centros de investigación, contratación de profesionales sino por el contrario, promueve las maquiladoras textileras o tecnológicas, donde nuestro recurso más calificado estará reproduciendo tecnologías y si se genera una nueva tecnología se trasladará a las casas matrices o se patentizará no como un conocimiento generado por Costa Rica, sino por quien pagó la investigación.

El Tratado de Libre Comercio, no aprovecha el apartado de "requerimientos de desempeño" para promover una inversión que promueva el desarrollo del país. Por el contrario, deja abierta la posibilidad que sea una inversión que solo busque obtener recurso humano barato y de alta calificación. Según la OIT somos un país para ofrecer a la inversión extranjera, personal operario calificado y no calificado, como se evidencia en el efecto en empleo que la inversión extranjera directa (IED) de alta tecnología ha tenido en el país, donde el 43.6% son operarios no calificados y 20.2% operarios calificados (OIT, Costa Rica: La inversión extranjera directa y las empresas multinacionales: efectos sobre la economía local, al empleo y la formación, página 20). Es en estos dos tipos de empleo, especialmente, no calificado donde se contratan a las mujeres y con un bajo salario. Si se revisa las estadísticas de capacitación técnica de la mujer se evidencia como las áreas donde continúa matriculándose son en las tradicionales y no en la más tecnificadas (Estado de la Nación, Sexto Informe, 2000).

Derecho a un empleo y a un empleo digno

Se ubican en mayor proporción en las áreas de más baja productividad del sector, de aquí el mayor empleo y bajos salarios.

La segregación laboral permite que las mujeres estén concentradas en los empleos de peor calidad:

Con peores jornadas y horarios prolongados

Con salarios más bajos

Con menores garantías sociales

Con peores condiciones ambientales y de seguridad laboral

Sólo un 49% de mujeres trabajan en ocupaciones incluyentes. Alrededor de un 13% de puestos de trabajo en ocupaciones "típicamente masculinas" están ocupados por mujeres. Alrededor de un 19% de los "típicamente femeninos" están ocupados por hombres.

A pesar de que la fuerza laboral femenina es cada vez mayo, esta situación no ha cambiado significativamente; se trata de fluctuaciones sin una tendencia a la mejoría

Sin embargo, el TLC en vez de visibilizar que existen estas discriminaciones y que el país pretende reducir o eliminarlas, este acuerdo se limita a establece que:

"Capítulo Dieciséis

Laboral

Artículo 16.1: Declaración de Compromisos Compartidos

1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el

Trabajo y su Seguimiento (1998)1 . Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos laborales internacionalmente reconocidos establecidos en el Artículo 16.8, sean reconocidos y protegidos por su legislación interna.

2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones. Reconociendo el derecho de cada Parte de establecer sus propias normas laborales y, consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente reconocidos, establecidos en el Artículo 16.8, y procurará mejorar dichas normas en tal sentido."

Con esta cláusula, el país no esta garantizando calidad en el empleo. Por el contrario, deja en manos de los inversionistas el que las diferentes garantías sociales logradas por el país estén bajo la voluntad de éstos y no como una obligación para la inversión. "Restringe el ámbito de la legislación laboral, al no incluir temas como: seguridad social, contrato de trabajo, derechos como aguinaldo, vacaciones, pensión o indemnización por despido". (Henry Mora, UNA, 2004).

Otro aspecto es que excluye de la definición de legislación laboral la Convención 111 de la OIT sobre la discriminación en el empleo y la ocupación y la Convención 100 Sobre la igualdad en la remuneración (no ratificadas por los Estados Unidos), de especial interés para los derechos de las trabajadoras (Artículo 68 y 71 dela Constitución Política). (Henry Mora, UNA, 2004). Esto último, de especial importancia al comprobarse que todavía hoy se enfrenta diferencias de género en el salario.

Derecho a los servicios básicos

La oferta de servicios básicos por parte del Estado, en el campo de la educación, la salud, la vivienda, las telecomunicaciones, la electricidad y agua, ha sido el principal factor para la movilidad social y la paz nacional. Sin embargo, los apartados de propiedad intelectual y compras públicas amenazan esta oferta.

La introducción de los servicios públicos a una dinámica internacional de libre comercio en cuanto a la propiedad intelectual y compras públicas puede reducir la cobertura o el acceso de éstos por sectores vulnerables.

Esta posibilidad atenta contra las mujeres. Las mujeres son el sector más atento a vigilar la salud de los y las miembras de la familia, procurar que sus hijos e hijas accedan a la educación, tener dentro del hogar las condiciones de bienestar, en fin, velar por la casa. Las mujeres son las más conscientes del valor y significado de los servicios básicos, porque son ellas las usuarias directas y a quienes se les ha asignado la obligación de aprovecharlos y optimizarlos a pesar de que la sociedad invisibiliza y desacredita esta función.