Además, se concibe a la parte demandante como el inversionista (Artículo 10.28) pues se indica que "demandante significa el inversionista de una Parte que es parte de una controversia relativa a inversiones con otra Parte;".  

La pregunta que surge es: ¿Un Estado no puede demandar a un inversionista por todas las razones que el Tratado detalla como causas de demanda?

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Respeto al orden constitucional y jurídico de Costa Rica, impidiendo la creación de organismos supranacionales que arbitren una demanda, más cuando ésta sea entre Estado e Inversionista.

• El país no debe perder soberanía y por medio del Estado ser también "demandante" y no solo demandado.

• Focalización del Tratado en lo comercial. Por el contrario, el Tratado entra en otras materiales que son de carácter constitucional.

• Negociación transparente y abierta, donde los términos hubieran sido definidos previamente por consulta popular a los diferentes sectores y no desde un punto de vista eminentemente técnico.

LA IGUADAD ENTRE PARTES DESIGUALES

El documento borrador del Tratado parte de un principio de igualdad entre las Partes (COMEX, Capítulo 10, página 1).

Este principio es falso no solo en el aspecto económico sino también del político, por cuanto es evidente que no existe igualdad en la relación de poder entre Estados Unidos y nuestro país. Estados Unidos es una de las principales potencias económicas y políticas del mundo y Costa Rica con el resto de Centroamérica, economías pequeñas y dependientes del comercio internacional. Por tanto, no es posible presentar un capítulo de trato igual para todas las partes cuando no todas las partes tienen las mismas condiciones económicas y políticas.

Esta desigualdad, sobre el cual se sustenta el Tratado, solo reproduce y profundiza la relación subordinada en la cual las mujeres ya nos encontramos en Costa Rica, pues ahora, aquí, las mujeres no contamos con iguales posibilidades de control económico y ni político.

Para comprender esta desigualdad, en principio enumeramos los siguientes hechos:

• Socialmente el cuido de hijas e hijos es una responsabilidad de las mujeres. Por tanto, sea que esté estudiando, trabajando o solamente en su casa, es su obligación priorizar este cuido de otros.

• Acceder a un trabajo tradicional la coloca en campos donde hay una gran oferta y por tanto, la remuneración es baja y con pocos incentivos.

• Acceder a un trabajo no tradicional la enfrenta a trabajar en puestos donde ella, solo por ser mujer, estará recibiendo un salario más bajo en comparación con el hombre.

• En los "nuevos nichos de desarrollo" de alta productividad o tecnología donde se requiere personal muy calificado y de mejor remuneración, la oferta de este tipo de puestos, es limitada y estereotipada. Las empresas preferirán contratar a hombres que no se incapaciten por maternidad, no pidan permisos para cuidar a sus hijas e hijos por enfermedad o cualquier otra razón, puedan ir a giras e integrarse a programas de capacitación sin restricciones.

De igual forma, los "nuevos nichos de desarrollo" estarán demandando personal de baja calidad técnica y es aquí, donde la mano de obra femenina entra a jugar un rol importante para las empresas. La sobreoferta de mano de obra femenina propiciará que el salario sea bajo y que siempre se tenga reservas para la reposición abaratada.

• Combinar el trabajo y las labores domésticas coloca a las mujeres en un proyecto de vida limitado, donde su prioridad no será el trabajo, sino tratar en forma limitada de atender la casa y el trabajo.

• Las mujeres con baja o ninguna escolaridad y unida a su responsabilidad de cuidadora de niñas, niños y personas ancianas, la obligan a optar a trabajos informales donde la remuneración es baja, no permanente, flexible y sin garantías sociales.

• Las mujeres que emprende una actividad productiva tendrá que enfrentar el estereotipo de que el emprendedor es el hombre y quien negocia y maneja el capital es él.

Son estas y otras condiciones que se pueden seguir enumerando, las que hacen que las mujeres entremos en este Tratado de Libre Comercio bajo condiciones de baja reciprocidad, no solo con respecto al resto de la población costarricense sino con respecto a la internacional.

Actualmente, las mujeres accede a una educación, sin embargo, es a un área que la coloca en puestos laborales tradicionales, donde los niveles de crecimiento, remuneración, reconocimiento son limitados. Esto hace que los supuestos "nuevos nichos de desarrollo" que se fortalecerán con el Tratado de Libre Comercio, sean difíciles de aprovechar por las mujeres, ya que un número bajo de nosotras se ubica en estos sectores, mientras que gran la mayoría apenas nos ubicamos en puestos de baja productividad o recibiendo un salario menor al del hombre (Estado de la Nación, 2001, página 264).

En términos generales, el Tratado reforzará un modelo capitalista en el cual las mujeres es un recurso usable a sus intereses, es decir, calza en la lógica de minimización de costos, donde el componente salarial tiene que ser cada vez menor para que la ganancia sea mayor.

Bajo este contexto, podemos afirmar que las asimetrías existentes se reproducen y potencian en este Tratado de Libre Comercio, con mayor intensidad en desmedro de las mujeres.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Una definición de Trato Nacional que visibilizara las asimetrías que existen entre países, incluida la de género, los sesgos en la contratación, remuneración y ascensos en el trabajo y en general, en el acceso a los recursos.

• Una definición de Trato Nacional que evidenciara que en nuestro país y posiblemente el resto de Centroamérica, el 80% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, por lo que se requieren condiciones especiales para poder acceder al mercado internacional. En especial, señalar que la informalidad toca más a las mujeres, por lo que se hace prioridad incorporarlas a la economía formal.

• Una definición de Trato Nacional que discriminara positivamente áreas de interés nacional y sectores productivos y sociales, los cuales son considerados vulnerables y por tanto, se justifica que el país aplique medidas de protección y de incentivos. Para ello, si bien se plantea en el TLC compromisos de cooperación para programas de formación, incentivos y condiciones materiales, de infraestructura, etc., que faciliten que sus empresas entren en la competencia no queda asegurado que se orientará especialmente a los grupos históricamente desprovistos de capacitación y competitividad, como las mujeres, indígenas y pequeña agricultura.

NUEVOS NICHOS DE DESARROLLO ¿PARA CUÁL PARTE?

La economía costarricense ha ido transformando su estructura hacia el sector de SERVICIOS. Así, en 2001 este rubro alcanzó un 62.3% del PIB (¿Hacia dónde vamos? Economía y desigualdad en Costa Rica 1997-2002, 2003, página 11). De hecho, el flujo financiero es, en estos momentos, más importante que el real, es decir, que el de la producción de bienes.

Por esta razón, para el Tratado de Libre Comercio es prioridad la apertura de servicios como el de telecomunicaciones. Es a partir de las telecomunicaciones y los sistemas de información que negocios como bancos, asesorías administrativas y en otras áreas, y turismo, se convierten en el futuro modelo de desarrollo de este país.

El desarrollo de esta área solo se realizará con capital extranjero, ya que las inversiones deben ser de muy alto valor y nuestra producción nacional no está en capacidad para dedicar fondos hacia estas áreas en las magnitudes que se pretenden. Este país ha crecido en banca, pero protegida por el Estado; ha fomentado el turismo ofreciendo subsidios y en mayor parte lo sustenta la empresa nacional; los servicios profesionales han crecido por el auge de personas egresadas de la educación superior, que con pequeños capitales han abierto sus propios negocios.

Esto ha sido posible bajo un concepto de crecimiento paulatino y en función de una demanda nacional y, en forma creciente, de la extranjera. Sin embargo, es este crecimiento nacional el que esta cambiando. Ahora no se tratará de reglas nacionales de desarrollo y crecimiento, donde cada región crece dependiendo del auge de su producción local. Ahora los servicios se estarán ubicando en zonas estratégicas y en función de una dinámica internacional.

Estos nuevos "nichos de desarrollo" establecerán nuevas formas de organización de la producción, no de bienes sino de servicios; promoverán formas de contratación donde la sociedad seguirá negando su obligación hacia la reproducción humana –socialmente necesaria- y dejándola como función exclusiva de las mujeres.

Las nuevas estrategias de contratación están ajustándose a estos "nuevos nichos de desarrollo" donde se contratan proyectos o tareas y ya no personal de planta; esto hace que las empresas no tengan que tener planillas con cargas sociales. Sus productos, que al final serían una mercancía, se colocan en el mercado, tendrían un precio definido por la oferta y la demanda y, por supuesto, es de esperar que estos aportes cada vez tengan menor valor.

Estas situaciones ya ocurren con profesionales mujeres de la computación, que al tener problemas de acceso a empleos generan en sus casas actividades productivas de desarrollo de software.

Estas formas, que se puede comparar con aquellas mujeres a quienes las textileras les dan el material para que produzcan las piezas en sus casas, no dejan de ser formas de producción que deshumanizan.

Al final, son las empresas las que están ahorrando servicios públicos, provocando que sus condiciones para lograr acceso a servicios de salud, telecomunicaciones, vivienda, alimentación, pago de obligaciones patronales, incentivos al personal y capacitación sean más bajos. No obstante, son costos que son asumidos por trabajadoras y trabajadores.

La lógica de este TLC fomentará estos nichos de desarrollo, los cuales no fortalecen más al país y menos aún a cada una de las y los costarricenses.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Que el Tratado de Libre Comercio no incluyera cláusulas de apertura en ninguno de los servicios que son estratégicos para este país, como telecomunicaciones y seguros.

• Un capítulo de servicios que fortaleciera las formas bancarias que los diferentes países han promovido. En nuestro caso, proteger la banca de desarrollo como mecanismo indispensable para incentivar y apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. En esto estaríamos las mujeres incluidas.

• Un capítulo que fortaleciera y protegiera la educación subsidiada por el Estado, como mecanismo de movilidad y acceso no solo a un trabajo sino a la creación de unidades productivas.

• Un inciso del capítulo laboral, que EXIGIERA no solo que cada Ministerio de Trabajo de cada Parte vigile las normas establecidas en los Convenios, Legislación Nacional, sino también, hacer énfasis en el rechazo a las contrataciones que promueven la discriminación laboral de las mujeres.

• Un capítulo de inversión que EXIGIERA encadenamientos productivos, transferencia tecnológica y calidad de empleo eliminando toda forma de discriminación tanto laboral contra las mujeres. No solo hacer referencia a Convenios internacionales y legislación nacional al respecto, sino también EXIGIR lo anterior como componente interno que, de no cumplirse califica como causa de demanda.

• La no inclusión de un capítulo de propiedad intelectual. NUESTROS recursos humanos, ambientales son para el patrimonio de la humanidad y no para un grupo de empresas trasnacionales.

• La no inclusión de compras públicas. Esta área debe ser política pública definida por el país ya que tiene como fin, el bienestar de toda la población y no el ofrecimiento de servicios para su compra.

UNA COMPETITIVIDAD PARA DAR OPORTUNIDADES A LOS GRANDES

La competitividad se sustenta de un acceso a la información, posesión de capital, conocimiento técnico, administrativo y empresarial y disponibilidad de infraestructura pública que permita la producción, la distribución y la venta.

Son todos estos aspectos, especialmente el último, los que la misma Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada, constituida por las empresas más fuertes de este país, ha cuestionado como condiciones básicas para poder competir en un mercando aún más abierto que hasta la fecha.

Todos los factores antes mencionados y otros de carácter discriminatorio, son los que las mujeres encaramos para poder entrar a una competencia no solo internacional sino aún nacional. Nuestra condición de responsables del cuido de la casa, nos limitan para participar o iniciarnos en actividades en las que se requiere de todo el día para poder buscar información, contactos y negociar. La socialización que nos impone culturalmente la sociedad (privada y con estereotipos), nos enfrenta al dilema de por dónde empezar, con quién hablar, qué decir y cómo hacerlo.

Este Tratado no es para que las mujeres emprenda una actividad productiva; es para que el actual empresario con capacidad financiera, técnica y empresarial pueda "jugársela" en una competencia más abierta, porque aún éste no tiene todas las garantías.

Ni siquiera el empresario costarricense ya colocado en el mercado nacional y con participación en las exportaciones, tiene garantía de poder enfrentar lo que se vendrá después del Tratado. Si con la apertura comercial internacional que ha tenido Costa Rica, varias empresas nacionales ahora son de capital extranjero o mixto, ¿QUÉ NOS ESPERA CON ESTE TRATADO?

Los conceptos de expropiación, medidas disconformes y Solución de Controversias Inversionista-Estado, son mecanismos que la inversión extranjera tiene a su favor. Esto lo afirmamos cuando el 80% de empresas son micro, pequeñas y medianas y están sujetas a tributos fiscales, su crecimiento ha sido a partir de un esfuerzo familiar y con préstamos con buenas condiciones pero sin condescendencias, cuando la mayoría carece de información o capacitación en lo legal, tecnológico, administración, especialmente.

Son estas condiciones las que posibilitarán que empresas con asesorías legales permanentes, administradores de alto nivel, divisiones productivas de alta tecnología, desplacen nuestra producción y coloquen a nuestras empresas en desventaja para utilizar los tan especiales capítulos mencionados.

Este marco deja en condiciones de mucha desventaja a las mujeres, pues actualmente nos ubicamos principalmente en la microempresa o en el sector informal, donde nuestra capacidad técnica, legal y administrativa esta muy por debajo no solo del sector empresarial costarricense sino también internacional. Aún hoy, no existen políticas focalizadas y eficientes para el acceso al crédito, apoyo técnico, capacitación técnica. No obstante, el comercio internacional parte de que todas las partes entran con capacidad competitiva.

Bajo este marco competitivo y de inversión, las posibilidades de las mujeres de participar en iguales condiciones, son muy bajas o nulas. Estos aspectos son los que colocan nos colocan en condiciones de mayor vulnerabilidad y riesgo para perder cualquier iniciativa productiva.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Un Plan Gubernamental antes de las negociaciones, dirigido a crear incubadoras y/o parques industriales para la micro, pequeña y mediana empresa, apoyando a los grupos más vulnerables, en este caso, a las mujeres. Estos planes de producción considerando siempre las condiciones que requieren las mujeres, como: guarderías, subsidios en alimentación, etc.

• Un plan integral de asistencia técnica, subsidios, capacitación técnica, capacitación integral para la competitividad, incentivos, préstamos, infraestructura, mecanismos de distribución, en fin, medios para proteger nuestra producción.

• Planes de PRÉSTAMOS y capacitación para las mujeres, que fomenten la actividad productiva y no programas aislados por medio de la creación y fortalecimiento de la Banca de Desarrollo.

• Introducir capítulos en los cuales se PROTEJA a nuestra cultura e idiosincrasia, que se especificara la condición y se garantizara el acceso de información sobre la empresa o persona a quien se denuncia

ACCESO A MERCADOS O DESPROTECCIÓN DE NUESTROS SECTORES PRODUCTIVOS BÁSICOS

Un sector productivo clave en el desarrollo ha sido el agrícola. No obstante, en forma paulatina las políticas de protección e incentivos se han ido eliminado o desapareciendo. Esto ha provocado que la producción agrícola esté en disminución, cuando pasa de representar un 26.1% con respecto al PIB a precios de mercado en 1981 al 9.1% en el 2001 (¿Hacia dónde vamos? Economía y desigualdad en Costa Rica 1997-2002, 2003, página 11) y que los sectores más empobrecidos del país estén en la zona rural. Por ejemplo, la Región Brunca enfrenta un coeficiente de Gini del 43.5% y un 35.7% de hogares pobres en comparación con un 20.6% nacional (Estado de la Nación: Noveno Informe, 2003, página 59).

Todos los productos agrícolas deben tener una protección especial, esto permitiría reactivar la producción en las zonas rurales, crear empleo y proteger la alimentación soberana. Actualmente, parte de nuestra canasta básica se importa a raíz de la disminución de la producción nacional. Esta tendencia no puede continuar porque estaríamos dependiendo del comercio exterior.

No compartimos las desgravaciones en este sector. Consideramos que se debió establecer una lista de productos protegidos, además de la papa y la cebolla, los cuales no deberían entrar en el comercio libre, con el fin de proteger los productos básicos para la alimentación nacional y, por tanto, de todas aquellas comunidades y organizaciones cuya producción es de subsistencia.

Para las mujeres esto es vital. La pobreza en las zonas rurales ha promovido la emigración a la Meseta Central, en especial de hombres, quedando muchas mujeres al frente de las familias a partir de desarrollar actividades de subsistencia. De hecho, la participación en la propiedad empresarial por parte de las mujeres en establecimientos agropecuarios con tamaño de 5 a 9 empleados(as) pasó de 1990 de 0% a un 8.1% en 1999 (Estado de la Nación: idem, 2000, página 84). Es decir, en forma paulatina la mujer incursiona en la actividad productiva formal, con lo cual se requiere de mayor apoyo para que la tendencia siga creciendo. La prueba está en el porcentaje de mujeres beneficiadas por las Agencias de Servicios Agropecuarios de asistencia técnica con un 17% en el 2002 y en la Región Brunca, donde existe el coeficiente GINI más alto, es de un 24.5% y en la Chorotega del 24,3% (Estado de la Nación: "Aportes para el análisis de las brechas de equidad entre los género, 2002, página 83). Estos sectores de mujeres son empresas agrícolas pequeñas, las cuales estarán expuestas a una competencia internacional, si dentro del TLC no se establecen como sectores prioritarios para el país, por su condición de pobreza y marginación.

La más clara acción para desproteger al sector agrícola, es el artículo 15.1.5, que conlleva a la obligación de ratificar el convenio UPOV (Convenio para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas). "La UPOV tiende a consolidar un régimen de virtual patentamiento de semillas y obtenciones vegetales, que escasamente admite la excepción de que las semillas puedan ser reutilizadas para la propia cosecha, únicamente cuando esta última se dedique a "actos realizados en el marco privado y sin fines comerciales". Es decir, únicamente para fines de autoconsumo familiar." (Silvia Rodríguez: El Tema de propiedad Intelectual en Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica, febrero 2004, página 4). [...] "No está de más enfatizarlo; esto constituye una amenaza directa a la sobrevivencia de nuestro agricultores que ni siquiera podrán acarrear su producción a la feria del agricultor, excepto que hayan pagado todos los "derechos" que las transnacionales reclamarán sobre "sus" semillas" (Rodríguez, idem, febrero 2004, página 4).

La protección del sector agrícola y la biodiversidad deben ser una prioridad nacional. Por ello, nos unimos a las preocupaciones de la Mesa Campesina cuando solicita: "NO APROBAR EL PROYECTO DE LEY No. 13.756, Y MAS BIEN CONFORMAR UNA COMISION QUE DISCUTA TODOS LOS ACUERDOS INTERNACIONALES RELACIONADOS DE FORMA AMPLIA, PARA QUE LUEGO PROPONGA UNA LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS FITOMEJORADORES EN BALANCE CON LOS DERECHOS DE LOS AGRICULTORES, A LA MEDIDA DEL PAÍS, ES DECIR, VERDADERAMENTE "SUI GENERIS"."

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

1.  Una lista de productos agrícolas protegidos definidos de interés nacional para la alimentación soberana.

2.  La protección de los productos agrícolas, especialmente de productos de las comunidades cuya actividad principal es de subsistencia.

3.  Protección de todo conocimiento y técnica agrícola con la cual comunidades, micro o pequeñas(os) productoras(os) dependen de la producción

4.  Un plan de incentivos y protección hacia las y los agricultores.

5.  Promover un verdadero proceso participativo para determinar el mejor sistema "sui generis", que proteja de forma efectiva y eficaz tanto los derechos de los fitomejoradores como los de las y los agricultores, así como la seguridad y soberanía alimentaria del país y en general el interés nacional

6. Políticas de protección del cultivo donde se elimine la utilización de agroquímicos o procedimientos que no cuiden de la calidad de los recurso (tierra, agua, aire) y de los alimentos.

7.  Promover el respeto al valor de la tierra, el agua y el aire y el recurso humano, como factor que agrega valor a éstos (campesinos, campesinas, indígenas).

8.  Proteger la cultura histórica de producción y siembra de nuestros antepasados, especialmente, cuando se negocia la propiedad intelectual.

 

¿PARA QUIÉNES ESTAMOS PRODUCIENDO LOS RÉDITOS DE LAS EXPORTACIONES ?

El sexto informe del Estado de la Nación señala que Costa Rica, a pesar de haber logrado un crecimiento económico en 1999 y alcanzado el más alto per cápita de América Latina, no produjo un aumento en el ingreso nacional disponible "... principalmente porque las actividades relacionadas con la inversión extranjera y las exportaciones no generaron un "crecimiento hacia adentro", mediante una mayor vinculación entre sectores productivos y, más bien, transfiriendo hacia el exterior grandes cantidades de dinero en forma de utilidades. Esta situación se había presentado en períodos anteriores, pero no en la magnitud actual" (Estado de la Nación: Sexto Informe 1999, 2000, página 174).

Con esta lógica de producción se reafirma nuestro papel de país subdesarrollado, marginado, aquel cuya única función es ser parte de un proceso productivo y no de generar producción para que su valor agregado se quede en la economía nacional.

Esta forma de producción es a la que nos oponemos. No estamos interesadas en ser parte de un plan de producción de transnacionales, sino ser generadoras de producción y tecnología limpia que proteja nuestros recursos y sean estos patrimonio para la humanidad.

"En 1999 los pagos netos al exterior por renta de la inversión directa superaron los 1.400 millones de dólares, mientras que en 1997 eran poco menos de 60 millones de dólares" (Estado de la Nación: Sexto Informe 1999, 2000, página 175). A pesar de esta situación, se negocia un Tratado donde no se condiciona las transferencias, por el contrario, se establece que (COMEX, 2004, Capítulo 10, página 5):

Con toda propiedad y deseos de ser respetuosos con los Estados Unidos, les estaremos garantizando que toda la ganancia que se genere con nuestro recursos podrá ser entregada en forma pronta a su caja chica, como se hace referencia en el Artículo 10.8 del Tratado.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Una definición de requisitos de desempeño que EXIGIERA condiciones a la inversión, en términos de: tecnologías limpias, encadenamientos productivos, demanda de trabajos calificados y con un nivel salarial justo y transferencias condicionadas.

• Un artículo de Transferencia condicionando las ganancias para que al menos una parte de éstas se inviertan en el país, previa verificación de que no existen garantías no cubiertas a trabajadoras y trabajadores, así como que se trata de una empresa que promueve tecnologías limpias, etc.

• Garantizar que las Transferencias de inversiones extranjeras que deben quedar dentro del país, se reinviertan en la producción, especialmente, de la micro, pequeña y mediana empresa de grupos vulnerables: campesinos, campesinas, indígenas, empresarias.

NUEVAS FORMAS DE PRODUCCIÓN QUE FORTALECEN LA ACTUAL DIVISIÓN INTERNACIONAL DEl TRABAJO

La definición de inversión entre Estados Unidos y Costa Rica, en el Tratado, no fomenta la inversión en centros de investigación, para contratar a profesionales locales sino, por el contrario, deja abierta la posibilidad de continuar con maquiladoras textileras o tecnológicas, donde nuestro recurso más calificado llegará a reproducir tecnologías y si se genera una nueva tecnología, se trasladará a las casas matrices o se patentizará, no como un conocimiento generado por Costa Rica, sino por quien pagó la investigación.

Por el contrario, somos un país para ofrecer a la inversión extranjera, personal operario calificado y no calificado, como se evidencia en el efecto en empleo que la inversión extranjera directa (IED) de alta tecnología ha tenido en el país, donde el 43.6% son operarios no calificados y 20.2% operarios calificados (OIT, Costa Rica: La inversión extranjera directa y las empresas multinacionales: efectos sobre la economía local, al empleo y la formación, página 20). Es en estos dos tipos de empleo, especialmente, no calificado, donde se contrata a las mujeres y con un bajo salario. Si se revisan las estadísticas de capacitación técnica de las mujeres (Estado de la Nación, Sexto Informe, 2000) se evidencia cómo las áreas donde continúa matriculándose son en las tradicionales y no en la más tecnificadas.

A pesar de que "el efecto de la IED sobre el empleo en el plano nacional ha sido mínimo" (OIT, IDEM, página 21), COMEX negoció con mucho cuidado todos los detalles para atraer y darle todas las garantías e incentivos al inversionista, pero descuidó totalmente al sector laboral.

El borrador del TLC garantiza que el inversionista tendrá todas las condiciones para depositar su dinero en el país y si existiera alguna dificultad, en forma PRONTA y EFICIENTE recibirá su dinero a moneda presente, es decir, nunca podrá verse perjudicado. Según el Tratado (COMEX, 2004, Capítulo 10 , página 4):

"La indemnización deberá:

(a)   ser pagada sin demora;

(b)   ser equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo ("fecha de expropiación");

(c)    no reflejar ningún cambio en el valor debido a que la intención de expropiar se conoció con antelación a la fecha de expropiación; y

(d)   ser completamente liquidable y libremente transferible.

(a)   el valor justo de mercado en la fecha de la expropiación, convertida a una moneda de libre uso al tipo de cambio vigente en el mercado en esa fecha, más

(b)   los intereses, a una tasa comercialmente razonable por esa moneda de libre uso, acumulados desde la fecha de la expropiación hasta la fecha del pago."

El capítulo laboral no indica lo mismo cuando una empresa pudiera quebrar o se fuera sin pagar sus obligaciones con las trabajadoras (es). ¿Significa esto que nuestra gente, aquella que trabaja y labora diariamente para poder sostener una familia o proponerse un proyecto de vida como ciudadana o ciudadano, no se merece EL RESPETO QUE MERECE?

Pareciera que NUESTROS negociadores desconocen la historia de este país, en cuanto a derechos, obligaciones y deberes. El detalle y cuidado que se tuvo en el Capítulo de Inversión, no es el mismo en lo que respecta a la parte laboral. No se explicita que así como el pago de una indemnización será rápida y eficiente, la operación o quiebra de una empresa o inversión, debe tener como prioridad la indemnización pronta y justa de sus trabajadoras y trabajadores. Esto se evidencia en el borrador del Tratado que dice (COMEX, 2004, Capítulo 10 , página 5 ):

"Sin perjuicio de los párrafos 1, 2, y 3, una Parte podrá impedir la realización de una transferencia, por medio de la aplicación equitativa, no discriminatoria y de buena fe de sus leyes relativas a:

(a)   quiebra, insolvencia o protección de los derechos de los acreedores;

(b)   emisión, comercio u operaciones de valores, futuros o derivados;

(c)    infracciones penales;

(d)   reportes financieros o manutención de registros de transferencias cuando sea necesario para colaborar en el cumplimiento de la ley o a las autoridades financieras regulatorias; y

(e)    garantía del cumplimiento de órdenes o fallos en procedimientos judiciales o administrativos."

 

Por otra parte, quien demanda alguna falta laboral es la Parte. En este sentido, existe una gran desventaja si la denuncia es contra la inequidad hacia las mujeres en cuanto a salarios, puestos, incentivos, etc. La pregunta sería: ¿Asumiría el Estado una lucha contra la discriminación de las mujeres por sus condicionantes de género? Esto es importante porque una característica del trabajo femenino es su baja capacidad de organización, precisamente porque las imposiciones de género la han obstaculizado.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Un capítulo de Inversión ligado con el Laboral, que impida la reproducción de la división internacional del trabajo y la división sexual, que fomenta inversiones donde la demanda principal es operarios(as) no calificados(as), semicalificada y calificada.

• Un capítulo laboral igualmente importante y detallado, que el de Inversión, de formas legales y financieras que defiendan NUESTRA POBLACIÓN TRABAJADORA y no dejándola desprovista de seguridad, protección y derechos.

• Un cuerpo directivo a nivel de las Partes no solo compuesto por representantes estatales sino también del sector trabajador y de organizaciones específicas, como las mujeres que vigilen y garanticen la aplicación de los convenios y legislaciones nacionales.

¿LO LABORAL Y AMBIENTAL SERÁN REALMENTE PROTEGIDOS?

El Tratado crea la imagen de respetar marcos internacionales (COMEX, 2004, Capítulo 10 , página 2 ):, tales como:

"Artículo 10.5: Nivel Mínimo de Trato 1

Cada Parte otorgará a las inversiones cubiertas un trato acorde con el derecho internacional consuetudinario, incluido el trato justo y equitativo, así como protección y seguridad plenas. "

El Tratado, finalmente, santifica el statu quo existente en cada país, es decir, que no establece para cada parte parámetros mas altos que los que la costumbre –o el statu quo- determinan en cada Parte. Así, por ejemplo, ni en lo laboral ni en lo ambiental las Partes tendrán que variar (mejorar) las condiciones existentes.

Bajo este contexto, nos preocupa que una vez iniciado la ejecución del Tratado no se pueda mejorar la legislación en función de las nuevas áreas de inversión. La modificación de la legislación podrá ser apelada por un inversionista al cual se le puedan estar cambiando las reglas, por tanto, prevalecerá el interés privado frente al nacional.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

1. Un capítulo dando plena autonomía y soberanía a los países a modificar sus leyes si con ellos se protegen intereses nacionales

• Para las mujeres, LOS SERVICIOS SIGNIFICAN la VIDA, Y PARA EL INVERSIONISTA, UN NEGOCIO

La contención de la pobreza y el hecho de tener en este país una población mayoritariamente de clase media, es producto de un Estado de Derecho y de Bienestar que ha ofrecido servicios básicos accesibles a toda la población. La educación, la salud, el agua, la vivienda, las telecomunicaciones y la energía han sido servicios que toda la población en todos los rincones del país han tenido acceso por medio del subsidio estatal.

Esta concepción se olvida dentro del Tratado de Libre Comercio, se da la apertura de las telecomunicaciones y cuando se introduce servicio universal indicando que (COMEX, 2004, Capítulo 13, página 9 ):

"Artículo 13.8: Servicio universal

Cada Parte administrará cualquier obligación de servicio universal que mantenga de una manera transparente, no discriminatoria, y competitivamente neutral, y garantizará que la obligación de servicio universal no sea más gravosa de lo necesario para el tipo de servicio universal que se ha definido."

En este artículo se maneja el concepto de servicio universal desde un punto de vista comercial y rentable, cuando el país desde su proclama de educación primaria y secundaria gratuita, ha considerado que el acceso básico a servicios es un deber y derecho de todo ciudadano y ciudadana.

Por ello, en la lucha contra el "combo", las mujeres planteamos con fuerza el servicio universal "porque son las telecomunicaciones el fundamento del más amplio y rápido desarrollo de la economía de la información, y afecta casi todos los sectores del desarrollo humano. Telecomunicaciones, hoy en día, implica educación y cambio en hábitos de información y construcción de conocimiento, implica Servicios de Salud y cambio en hábitos de atención médica, implica comercio electrónico y cambio en hábitos de consumo en cuenta servicios de telebanca, de telecompra, implica nuevas formas de organización del trabajo, etc." (Mujeres contra el Combo, 2000, página 14).

Dentro de una lógica de mercado libre los servicios públicos pasan a ser un insumo más del proceso de producción el cual se les debe garantizar no solo en términos de accesibilidad sino también de control. Por ello, no es de extrañarse que el área de telecomunicaciones fuera una condición del Tratado de Libre Comercio, sin embargo, esto que para los negociadores es una cláusula, para muchos y muchas costarricenses es comenzar a abandonar en modelo de desarrollo inclusivo.

Las mujeres nos oponemos a esta nueva lógica, los servicios que hasta la fecha han estado controlados y subsidiados por el Estado, son el fundamento de la vida. La sociedad le ha asignado un rol a las mujeres como responsable del cuido de sus hijos e hijas y de la casa en general. A partir de este rol familiar es la que ha velado por la calidad de vida de sus miembros.

Estamos entrando a dos dinámicas: por un lado, se promueve la idea de que lo privado será más eficiente. El problema es que lo privado tienen como fundamento principal el lucro y por tanto, la tasa de retorno, indiferentemente de cuáles son las poblaciones que este cubriendo.

Por otro lado, el modelo económico de este país no esta dando las mismas oportunidades a toda la población, por tanto, no todos y todas tienen la misma capacidad de compra o acceso a los recursos y servicios. Vemos la situación de las mujeres (Estado de la Nación Noveno Informe, 2003, página 91):

2.  La tasa de desempleo abierto para las mujeres fue para el 2002 un 7,9% y del hombre en un 5,6%.

3.  El número de hombres ocupados en el sector informal se incrementó en un 65% entre esos dos años y el número de mujeres informales prácticamente se duplicó (aumentó en un 94,5%).

4.  El porcentaje de hogares con jefatura femenina para el 2001 es del 23% en hogares pobres y de 37% en hogares pobres indigentes

La condición de pobreza que vive un contingente importante de mujeres y por ende de sus familias, tendrán cada vez menos posibilidades de acceder a los servicios básicos y menos aún, si están en una dinámica privada.

¿QUÉ HUBIÉRAMOS ESPERADO LAS MUJERES?

• Ningún tipo de apertura en el área de servicios públicos.

El fortalecimiento del concepto de servicio universal en las telecomunicaciones como mecanismo de acceso a la educación, salud, etc.

CONCLUSIONES

El Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica expresa la orientación de la política económica neoliberal, en condiciones de grandes desigualdades de poder entre los dos países y las dos economías. Sus repercusiones nos afectarán tanto a hombres como a mujeres.

Sin embargo, las mujeres nos encontramos subordinadas y explotadas tanto en EEUU como en Costa Rica, y en la medida que para ninguno de los poderes establecidos en cada país es prioridad transformar esta situación, el TLC inevitablemente profundizará y sacará provecho de dos condiciones:

  1. La situación de desventaja general de las mujeres frente a los hombres, debido a la actual división sexual del trabajo.

  2.  La desventaja en que se encuentra Costa Rica con respecto a EEUU debido a la División Internacional del Trabajo y del Comercio.

Este Tratado va más allá a un simple intercambio de mercancías y bienes. Por el contrario, interviene en áreas claves, principalmente aquellas que tienen que ver con la soberanía nacional y con la garantía de las condiciones básicas de vida de cada costarricense. Las mujeres recibiremos las consecuencias de este cambio de modelo de país y de Estado, cuando por supuestos criterios de eficiencia se pasen servicios claves al sector privado. Seremos nosotras las que tendremos que enfrentar el impacto negativo y suplir la falta de recursos.

Así como la economía tanto en EEUU como en Costa Rica no es neutral con respecto a la desigualdad de género, el TLC tampoco lo es. Más que eso, en el caso de la economía más subordinada y en mayor desventaja, que sin duda es la costarricense, las inversiones estadounidenses –y de refilón las ticas- sacarán provecho de una profundización de la explotación y subordinación de las mujeres costarricenses.

Por todo lo expuesto, no podemos sino afirmar nuestro rechazo y oposición a este tratado y exigimos que el país haga valer los intereses de sus diversos sectores –no únicamente los de una minoría, como ahora- en una renegociación. Además, esta renegociación no debe consistir en un tratado, sino en un acuerdo comercial, que es el estatus que estados unidos le da en su país.

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