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JUNIO 2007 |
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HACE 58 AÑOS LAS MUJERES ADQUIRIERON EL DERECHO A VOTAR
Durante
los primeros 128 años de vida independiente de Costa Rica, el sufragio
era un derecho exclusivo para los hombres. En esos momentos sólo podían
votar los dueños de tierras, los que poseían grandes capitales, los que
tenían capacidad tributaria, los que sabían leer y escribir. Además, en
esa época el acceso a cargos públicos era muy limitado y, por supuesto,
prohibido para las mujeres. Que
las mujeres pudieran ejercer el derecho de elegir y ser electas fue un sueño
que un grupo de mujeres venía
planteando desde décadas atrás. En
la sesión legislativa del 20 de junio de 1949 los diputados
costarricenses aprobaron el derecho al voto femenino. Así lo constata la
historia en el Acta número 92, donde se evidencia que 33 diputados
estuvieron a favor de que las mujeres votaran y 8 se mostraron en contra,
hubo 4 legisladores que no votaron porque estaban ausentes. Las
luchas por obtener el derecho al voto se remontan a finales del siglo XIX,
cuando en Europa y los Estados Unidos se gestaban grandes luchas
sufragistas. Esa situación dio pie para que en el país se hablara, por
primera vez, sobre reformas constitucionales que incluyeran el derecho al
sufragio para las mujeres. Impulsadas
por esos movimientos sufragistas que se estaban gestando a nivel
internacional, un grupo de mujeres lideradas por Ángela Acuña Braun,
decidieron dar una lucha en el Congreso para que se aprobara uno de los
derechos políticos de las mujeres: el derecho a elegir y ser electas. Ese
derecho se aprobó el 20 de junio de 1949.
PRIMER
VOTO Un
año después del reconocimiento al sufragio las mujeres ejercieron ese
derecho constitucional en un proceso local, en un plebiscito, en La Tigra
y La Fortuna de San Carlos, el 30 de julio de 1950. Sin embargo, la
primera vez que las mujeres ejercieron el derecho a elegir y ser electas a
nivel nacional, fue en las elecciones nacionales de 1953, donde resultaron
electas las tres primeras mujeres diputadas del país: Estela Quesada Hernández,
María Teresa Obregón Zamora y Ana Rosa Chacón González. Transcurrieron
más de tres décadas luego del reconocimiento de estos derechos políticos
en los cuales se percibió una escasa, casi nula, participación de las
mujeres en el Congreso y otros puestos de poder. De manera que nuevamente
se empezaron a gestar movimientos y luchas a favor del reconocimiento del
derecho, no sólo a elegir, sino también a ser electas. Dentro
de los logros obtenidos por esas gestas sobresalen: la aprobación de la
Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, en marzo de 1990; las
Reformas Electorales de los artículos 58 y 60 del Código Electoral sobre
la aplicación de la cuota del 40% mínimo de participación política de
las mujeres en puestos de elección popular y en las estructuras internas
de los partidos políticos, en noviembre de 1996; y las resoluciones
emitidas por el Tribunal Supremo de Elecciones que establecen que las
cuotas del 40% mínimo deben ser en puestos elegibles. Hoy
día, en Costa Rica las mujeres están representadas de la siguiente forma
en los puestos de poder: ·
38.6%
son diputadas; ·
47.6%
son regidoras propietarias; ·
53.3%
son regidoras suplentes; ·
28.4%
son Presidentas Municipales; ·
43.2%
con Vice presidentas Municipales. Hoy
en día, las mujeres aspiran a tener igualdad de condiciones que permitan
ampliar su participación y representación en la toma de decisiones,
contribuyendo así a forjar los destinos del país.
NUEVAS
LUCHAS POLÍTICAS A FAVOR DE LAS MUJERES Aunque
las mujeres constituyen el 50% de la población, su participación no se
refleja en los puestos de poder y toma de decisión, es por ello que
Jeannette Carrillo Madrigal, Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional
de las Mujeres (INAMU), plantea una serie de cambios en el proyecto Código
Electoral que ve la Comisión Especial de Reformas Electorales y
Partidos Políticos. “Los
planteamientos más significativos que estamos promoviendo son la
propuesta de la participación política paritaria, la utilización del
mecanismo de la aternancia y la implementación de acciones
afirmativas para garantizar la ciudadanía plena de las mujeres”, destacó
Carrillo. De
aprobarse estos planteamientos, se estaría avanzando en el cumplimiento
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y con
las recomendaciones que el Comité de la CEDAW hiciera al Estado
costarricense. Además,
se contribuiría a la aplicación de la Política Nacional de Igualdad y
Equidad de Género, que se dio a conocer el pasado 8 de marzo, en cuanto
al señalamiento que se hace para el del fortalecimiento de la participación
política de las mujeres. Ante
ello se propone que en el 2017 el país cuente con una participación política
paritaria en todos los espacios de toma de decisión en el Estado,
instituciones e instancias gubernamentales y municipales. ”La
propuesta es evolucionar de un sistema de cuota mínima de participación
política de las mujeres a un sistema de paridad con el mecanismo de la
alternancia. Sería un hito histórico para la democracia costarricense ya
que estaría retomando lo que el 8 de marzo de 1990 se planteó en la Ley
7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer en cuanto a la
inclusión de mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la participación
efectiva de las mujeres”, indicó la Presidenta Ejecutiva del INAMU. Unidad
de Comunicación |
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