COMUNICADO DE PRENSA # 17

San Juan, 02 de junio. Equipo de Prensa Mujer en CEPAL/RIF-FIRE (María SuárezToro)

Mientras las deliberaciones y negociaciones finales del proceso conocido como Cairo + 10 en la sesión número 33 de la CEPAL se han mantenido centradas en un asunto de lenguaje referente a la afirmación del Programa de Acción de CIPD, las organizaciones no gubernamentales de mujeres sí realizaron lo que debía hacer sido la agenda de esta reunión: evaluar lo que se ha hecho.

El Proyecto ATENEA, cuyos resultados fueron presentados por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el marco de la reunión de la CEPAL, ha sido un trabajo de monitoreo como práctica ciudadana de las mujeres. 

La evaluación de la Red se realizó en 7 países: Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, Perú y Surinam. Una novedad es que construida en base a 147 indicadores cualitativos y cuantitativos.

Ana María Pizarro de la Red y de SIMUJER en Nicaragua, y una de las participantes en el trabajo de monitoreo, explicó en qué consistió el proyecto.  "ATENEA permite conocer el contexto global relativo al cumplimiento de los compromisos internacionales y si los mismos han sido incorporados en la
legislación nacional. También si las convenciones y tratados que la comunidad internacional ha firmado han sido ratificados por los países y si se han promulgado leyes cuyo contenido refleja los compromisos asumidos." 

ATENEA permite conocer en 7 ejes temáticos investigados mediante diversas categorías analíticas, n lo referente a los progresos ocurridos desde 1994 al 2002, después de la CIPD.: la violencia sexual contra las niñas, la responsabilidad masculina en sexualidad y reproducción, la participación de las organizaciones de mujeres en instancias de decisión, la calidad de atención en los servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso de adolescentes y jóvenes a información y servicios de salud sexual y reproductiva, la atención humanizada del aborto inseguro, y  la prevención y atención integral a personas
afectadas por el VIH/SIDA .

Ana María añadió que "Si bien los resultados de Atenea pueden considerarse como de ¨luces y sombras¨, en general el avance legislativo en la región es uno de los puntos más importantes a destacar. En la mayoría de los ejes, con excepción de la responsabilidad masculina en sexualidad y reproducción, se han promulgado leyes que reflejan los más importantes acuerdos del Programa de Acción de la
CIPD."

Como ejemplo de ello señaló que se han generalizado leyes que sancionan la violencia contra las mujeres y las niñas, aunque hacen énfasis en la violencia denominada ¨doméstica¨, intrafamiliar, y en menor medida la violencia sexual y el incesto. Comienzan a desarrollarse programas de prevención y atención a víctimas y sobrevivientes, aunque el personal de salud no esta totalmente capacitado para su atención.

El informe señala que "Los sistema de registro paulatinamente van incorporando el enfoque de género y se anotan indicadores que dan cuenta de información que va más allá de la demografía tradicional. Sin embargo, se advierte un fuerte incremento en el  abuso sexual y las violaciones por parte de familiares cercanos y conocidos."

Aclara que aunque un buen porcentaje de agresores son enjuiciados, en la mayoría de los casos, un tiempo después del delito cometido, ya se encuentran en libertad. La responsabilidad masculina no se ha consagrado en la mayoría de las legislaciones, la reproducción continúa considerándose un asunto de mujeres.

Otro problema señalado es que las estadísticas no incorporan la fecundidad masculina de manera generalizada. La participación de los hombres en el uso de métodos anticonceptivos es sumamente baja y en el mejor de los casos llegan al 20% las esterilizaciones masculinas. En tanto, las esterilizaciones femeninas oscilan entre el 90 y casi el 100%. Aunque en un solo país existe servicios especializados para hombres, comienzan a incorporarse las patologías masculinas en los programas de atención, como las ETS o el cáncer de próstata. 

Sobre otro eje importante del Programa de Acción, la participación de las organizaciones de mujeres en instancias de decisión, el estudio señala que aun no cuenta con un sustento legal  generalizado en los países, se han creado comisiones mixtas, mesas tripartitas, consejos nacionales donde generalmente no se define el nivel de decisiones que las mujeres pueden adoptar o no se establecen reglas del juego que eviten que las afinidades de funcionarios/as por un determinado tema o sector sea el eslabón necesario para que la participación sea real. La proporción de mujeres en cargos de elección popular no supera el 30% en todos los países, hay una gran competencia por el poder local donde alcaldesas, regidoras y concejalas compiten con sus colegas de partidos en condiciones desiguales.

Un tema crítico evaluado es el de la calidad de atención en salud sexual y reproductiva, una preocupación generalizada de los gobiernos, aunque no en todos los países tiene un sustento legal. Concluye es trabajo de la Red que "Los recursos destinados para los programas no se conocen con claridad, aunque se demuestra que la capacitación al personal consume importantes recursos y tiempo de las instituciones."

Ana María señaló que en lo referente a enfoque de género, Se comienza a incorporar en la capacitación del personal que atiende en el sistema público de salud, aunque las organizaciones de mujeres, que tienen la mayor experiencia en el tema no han sido incorporadas como capacitadoras."

Aclaró que "La violencia como problema de salud pública está siendo incorporada, aunque no se cuenta aun con programas y normas especificas para su atención, ni el personal judicial y de salud cuenta con suficiente entrenamiento para su abordaje."

Otro tema crítico es el de la salud sexual y reproductiva de adolescentes. El estudio comprueba que el acceso de adolescentes y jóvenes a información y servicios de salud sexual y reproductiva se menciona en casi todas las legislaciones, aunque no existe capacidad institucional para establecer programas o destinar recursos que incorporen las necesidades diferenciadas de jóvenes y adolescentes. No hay requisitos que obstaculicen de manera grave el acceso a la información, aunque los currículos de la educación primaria, secundaria y universitaria no logran incorporar el enfoque de género ni generacional en todos los países. La fecundidad en la adolescencia  refleja cifras elevadas en algunos casos por encima de 150 x 1.000 adolescentes, así como al mortalidad materna cuyo porcentaje puede llegar el 30 del total de las muertes ocurridas. El uso de anticonceptivos seguros recae en las adolescentes, en tanto los adolescentes varones tienen porcentajes reducidos de uso de condones. La atención humanizada del aborto inseguro es un Eje en el que la legislación no ha avanzado, la ilegalidad del aborto suele argumentarse para
justificar la mala calidad de atención que las mujeres reciben en los servicios públicos. Los recursos financieros que se invierten para atender las complicaciones de los abortos inseguros no se han logrado determinar. La mortalidad materna por aborto puede llegar a ser la segunda causa de muerte hospitalaria o ascender a más del 30% del total. Las organizaciones de mujeres realizan constantes campañas para dar a conocer las causales no punibles del aborto en su país.

La prevención y atención de las personas afectadas por el VIH/SIDA ha avanzado en materia de legislación, la que además de controlar la pandemia, pretende que se reconozca en todas las instancias, los DDHH de las personas afectadas, especialmente en lo referido a la discriminación, tanto por la forma en que han adquirido el virus como por sus prácticas sexuales. Los presupuestos asignados al VIH/SIDA son dispares, sólo dos países ofrecen tratamiento al 100% de las personas afectadas. La feminización de la pandemia es evidente en todos los países y la afectación de mujeres cada vez más jóvenes avanza rápidamente sin que las medidas de prevención se hayan generalizado especialmente en la población adolescentes. Las presiones religiosas continúan siendo un obstáculo para la diseminación de información y de condones en casi todos los países. 

Con este novedoso trabajo de monitoreo ciudadano, el movimiento de salud de las mujeres cuenta con un instrumento valioso para demandar el cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD, en tanto ATENEA constituye un singular patrimonio de las organizaciones de mujeres de la región.

La RSMLAC se propone ampliar su difusión y hacer accesible ATENEA en la web.
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