La presencia de efectivos del ejército estadounidense, fue aprobado por la Asamblea Legislativa a principios de julio, con el único propósito de proveer apoyo estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. El acuerdo bilateral aprobado velozmente y con poco debate público, cuenta con opositores de diversas tendencias políticas, incluyendo quienes han expresado temores sobre el impacto que pueda tener la masiva presencia militar en las vidas y la seguridad de mujeres y niñas en las comunidades costeras.
Las Fuerzas Armadas estadounidense al igual que la Embajada de los Estados Unidos han llamado al arribo de este primer buque militar el 20 de agosto en Limón “Operación Promesa Continua 2010”. Dicha misión ha sido calificada de humanitaria y consta de 1,600 personas, incluyendo 150 doctores quienes llevaran a cabo cirugías y atenderán pacientes, al igual que soldados cuya misión es repartir peluches entre los niños del empobrecido pueblo portuario como parte de una aparente campaña para “ganar corazones y mentes” (1). Eventualmente la flotilla patrullará ambas costas del país e incluirá más de 13,000 personas en 46 buques navales equipados con artillería pesada, 180 helicópteros y aviones militares.
“Experiencias pasadas con la presencia militar estadounidense en otros países no han sido positivas,” dice Gaby Arguedas, asesora legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC). “En muchas ocasiones ha llevado a un alza en la violencia contra las mujeres incluyendo violencia sexual, así que este plan pone en un mayor riesgo a las mujeres de estas comunidades costeras.” Arguedas menciona que muchos pueblos costeros como Golfito, en la costa pacífica, ya están lidiando con mayores grados de violencia dada la delincuencia y el narcotráfico y las mujeres muchas veces quedan atrapadas en el medio del conflicto.
“Nos preocupan las familias y los negocios costarricenses, y si los soldados pueden cometer crímenes contra la propiedad o las personas sin consecuencia alguna, es como darle al ejército de los Estados Unidos un cheque en blanco para que hagan lo que quieran,” finalizó Muñoz.
Muñoz y Arguedas apoyan esfuerzos en la lucha contra el serio problema del narcotráfico en la región, pero cuestionan la necesidad de que una fuerza militar extranjera y masiva patrulle ambas costas de Costa Rica. Los buques de guerra, los porta aviones y los aviones militares incluyendo aviones de ataque pueden cargar ametralladoras y tienen la capacidad de cargar misiles, bombas y otros tipos de artillería pesada. Todas estas armas están diseñadas para la guerra.
Las opositoras y opositores también cuestionan si el plan es parte de una mayor militarización de la región por parte de los Estados Unidos bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico. Pero la tensión entre los Estados Unidos y los gobiernos izquierdistas en Venezuela, Nicaragua y El Salvador sugieren que existe un plan estratégico aun mayor en camino. Y el plan de los Estados Unidos de construir seis nuevas bases militares en Colombia también puede ser parte de la estrategia, ya que el ejército estadounidense ha gastado millones en ayuda en el llamado Plan Colombia.
De hecho, la gran presencia de las tropas estadounidenses en Colombia como parte del “Plan Colombia” ha resultado en numerosos casos de violación de mujeres y niñas colombianas por parte de los soldados norteamericanos, como lo describe el documental Corriendo Bases (2). Pero los cargos nunca se procesan como resultado de la cláusula de inmunidad diplomática para las tropas aprobada por el gobierno colombiano.
El video incluye la historia de una niña de 12 años que fue violada en la base militar de Melgar en el 2007 por dos soldados estadounidenses y luego uno de los soldados se burló de la madre de la niña diciéndole “Sí yo la violé! Denúncienos! Pero no nos puede hacer nada a nosotros!” Las autoridades colombianas emitieron ordenes de arresto contra los soldados quienes abandonaron el país rumbo a los Estados Unidos, pero el caso fue cerrado en setiembre del 2009 por oficiales estadounidenses quienes determinaron que no existía suficiente evidencia para juzgar a los supuestos violadores (3).
Las y los críticos de la inclusión de estas cláusulas de inmunidad dentro de estos acuerdos afirman que esto básicamente implica la inmunidad de la violación, entre otros crímenes.
Estudios en Asia Oriental sobre el impacto de las bases militares de los Estados Unidos en la vida de las mujeres y la niñez revelan el mismo patrón (4). La gran huella de las fuerzas armadas en estas comunidades incluye un alza en la prostitución, explotación sexual y violencia física y sexual. Algunas mujeres de Japón y las Filipinas que vivieron cerca de las bases militares y especialmente aquellas que trabajaban en bares, salas de masajes u otros negocios frecuentados por soldados, sufrieron serias consecuencias en su salud, como por ejemplo VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, adicción a las drogas y el alcohol, y enfermedades mentales.
Según Arguedas el aumento del crimen organizado y el número de pandillas ya está teniendo una gran incidencia en los índices de violencia en Centroamérica, por lo que traer al ejército solo aumentaría el nivel de violencia. Y las mujeres, la juventud y la niñez son los que usualmente sufren las consecuencias. “Estos son factores que no fueron discutidos durante los debates en la Asamblea Legislativa, pero deben de ser tratados,” finalizó.
Nota: A la fecha de publicación de este artículo, un recurso legal estaba en proceso en la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, argumentando que el acuerdo bilateral entre Costa Rica y los Estados Unidos es inconstitucional, ya que viola los requisitos de neutralidad y la soberanía nacional. Específicamente, el recurso legal argumenta que el acuerdo viola el Artículo 12 de la Constitución costarricense, el cual dice que las fuerzas armadas solo pueden formarse para la defensa nacional o a través de un acuerdo continental y siempre deben de estar bajo el control civil (5).
Bibliografía
(1) “Arming aid: Costa Rica, the US military and the ongong ´War´on Drugs,” by Jamie Way, for UpsideDownWorld, August 17, 2010. (http://upsidedownworld.org/main/international-archives-60/2648-arming-aid-costa-rica-the-us-military-and-the-ongoing-war-on-drugs)
(2) “Bases USA en Colombia: Violaciones sexuales perpetradas por soldados USA e impunidad,” por Azalea Robin para El Polverin, February 6, 2010. (http://elpolvorin.over-blog.es/article-bases-usa-en-colombia-violaciones-sexuales-perpetradas-por-soldados-usa-e-impunidad-44367790.html)
(3) “US military suspects not charged in Colombian rape case,” by Adraana El Sema, for Colombia Reports, September 3, 2009. (http://colombiareports.com/colombia-news/news/5716-us-rape-suspects-still-not-charged.html )
(4) “Women and U.S. military presence.” Briefing paper prepared by the organization Unity of Women for the Motherland (KAISA-KA OR PAGKAKAISA NG KABABAIHAN PARA SA INANG BAYAN), March 8, 2002.
(5) “Arming aid: Costa Rica, the US military and the ongong ´War´on Drugs,” by Jamie Way, for UpsideDownWorld, August 17, 2010. (http://upsidedownworld.org/main/international-archives-60/2648-arming-aid-costa-rica-the-us-military-and-the-ongoing-war-on-drugs )
