Radio Internacional Feminista - FIRE

agosto- 2007

DECLARACIÓN DE QUITO

FORO DE REDES, ARTICULACIONES Y CAMPAÑAS FEMINISTAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Somos indígenas, somos afrodescendientes, mestizas, lesbianas, discapacitadas, heterosexuales, jóvenes. Todas mujeres y feministas.
Hoy en Quito, como antes en Mar del Plata, en Lima, en México, en Santiago, en San Juan, Tegucigalpa, Kingston y Brasilia, diversas organizaciones de mujeres y redes feministas, estamos otra vez en la CEPAL.

Estamos porque creemos que la democracia política y sus instituciones, pueden llegar a hacer efectivamente universales los derechos humanos para todas las personas.

Estamos porque este espacio regional ha sido clave para avanzar hacia la igualdad y equidad, aunque éstas siguen siendo insuficientes. Estamos porque en la región más desigual del mundo, queremos convencerlos de que más que políticas focalizadas en la pobreza, lo que precisamos son políticas de redistribución. Estamos porque continuamos luchando por la inclusión, la justicia social, el pluralismo intercultural y la no discriminación. Estamos porque queremos democratizar la democracia.

La criminalización de los movimientos sociales, debilita a los Estados democráticos. La dominación patriarcal y la cultura autoritaria afectan a las mujeres en sus cuerpos, en su autonomía y en sus derechos humanos. Pero la forma más dramática de discriminación hacia las mujeres y menos eficientemente enfrentada por los Estados, son los feminicidios.

La pervivencia de políticas confesionales en sociedades diversas y plurales, restringe las libertades fundamentales, particularmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y el acceso al aborto legal y seguro, e impone una visión única, dogmática y patriarcal. La conjunción de la discriminación contra las mujeres con otras formas de opresión e intolerancia como el racismo, la discriminación étnica, homofóbica y lesbofóbica, profundiza la violación de los derechos humanos de las mujeres lo que atenta con los principios básicos de la democracia y los estados laicos.

Las democracias de nuestros países no han logrado alcanzar un mínimo equilibrio en la relación entre gobiernos y sociedad civil. La utilización de los programas sociales con fines clientelares sigue siendo una violación a los derechos políticos de la población de nuestros países y en particular de las mujeres, que se ven obligadas a respaldar de alguna manera ofertas asistencialistas para resolver necesidades de sobrevivencia.

En América Latina y el Caribe, la esfera política permanece como espacio excluyente a pesar de la mayor participación de las mujeres. En el ejecutivo, en el legislativo, en la sociedad, en las familias, la desigualdad tiene que ver con la dinámica del poder político y económico. El reconocimiento de las mujeres como sujetos de la democratización de los regímenes políticos de la región, no se corresponde con una participación real en los espacios de poder político. De la misma manera que no hemos conseguido equidad en la responsabilidad masculina en nuestras casas y las responsabilidades reproductivas.

Quien está en la esfera pública, tiene necesidades privadas, reproductivas. Son las mujeres, las responsables de la satisfacción de esas necesidades. Son las abuelas, las madres, las hermanas, y a veces las niñas y jóvenes de la familia, las responsables de satisfacer esas necesidades. Son las Marias que cuidan la salud de la familia sin que nadie les reconozca ese trabajo.
Son las Marias que atienden a todos aún a costa de su propia salud, de sus propias oportunidades educativas y laborales, de su propio placer. Y es la doble jornada, la no reconocida, una de las mayores dificultades para la participación política.

Pero cuando estas mujeres son afrodescendientes o indígenas, su situación se agrava todavía más por la falta de acceso y control de recursos económicos y naturales, incluyendo la tierra, el territorio y el agua.

Las trabajadoras del hogar, las empleadas domésticas, se encuentran ante una mayor vulneración de sus derechos, las regulaciones por parte de los Estados son tan débiles que muchas veces encubren la esclavitud laboral, la explotación sexual , la trata de mujeres, niñas y jóvenes.

Los derechos laborales a un salario digno, a la seguridad y las prestaciones sociales, a la indemnización, a la salud, no cuentan con mecanismos apropiados de exigibilidad que aseguren su efectivo cumplimiento. Esto es mas grave para las mujeres desplazadas, mujeres migrantes, a las que no se les reconocen derechos de ningún tipo.

Las cuotas de participación de mujeres, consagradas en 11 países de la región han servido para aumentar su representación. Los resultados han sido disímiles sobre todo por las profundas diferencias en el Estado de Derecho, en el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y en contar con una normativa adecuada al sistema electoral. Es por ello, que en dos países de nuestra región están entre los 10 de mayor participación parlamentaria femenina y sin embargo en otros, los cambios han sido poco visibles.

La paridad atañe a la democracia y más concretamente al pluralismo en la representación política, repartiendo por igual las bancas parlamentarias entre mujeres y hombres. La paridad afecta directamente a la distribución del poder y forma parte de los mecanismos de representación y mandatos.

No se trata de un sistema compensatorio de la exclusión, ni de integración de minorías, ni de aprendizaje para la igualdad, como han sido las cuotas. Es el propio sistema representativo el que garantiza la igualdad de acceso a hombres y mujeres a los mandatos y funciones y no solamente el pluralismo ideológico y el territorial, que hasta ahora habían sido incluidos como componentes fundamentales de las democracias.

Hasta ahora, los gobiernos paritarios han dependido de la voluntad política de los presidentes y presidentas. Sin embargo, al no contarse con un mecanismo que garantice el 50-50% la paridad puede ser frágil, por lo que este Foro demanda la consagración legal de la paridad en los gobiernos.

Urgimos a que los partidos políticos, las instancias públicas electorales y los gobiernos se comprometan a asegurar la transparencia y la paridad en las listas de candidaturas, designación de cargos directivos a todos los niveles y ubicación en base a capacidades y experiencias, con especial atención a la inclusión de mujeres indígenas y afrodescendientes.

Urgimos a que los Estados garanticen que en el proceso de reforma de las Naciones Unidas se eleve el estatus político y administrativo de los mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres. A que se firme y ratifique la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y a crear el Foro Permanente para los Afrodescendientes.

Urgimos a que los Estados miembros de Naciones Unidas ratifiquen las recomendaciones sobre el fortalecimiento de la estructura de igualdad de género de manera de consolidar una entidad autónoma, con capacidad normativa y operativa y con recursos suficientes.

Urgimos a que los estados cumplan con la Plataforma de Acción de Beijing y las recomendaciones del Comité de la CEDAW y de los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre Protección de la maternidad; sobre Igualdad de remuneración; sobre Discriminación en el empleo y la ocupación; y el Convenio 156 de la OIT, relativo a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. Los urgimos a facilitar créditos para mujeres jóvenes, indígenas y afrodescendientes, para generar iniciativas productivas que amplíen sus posibilidades laborales.

Partiendo de que nuestros gobiernos han asumido un conjunto de compromisos
en el plano nacional e internacional con los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales, sexuales, reproductivos y ambientales de
las mujeres, exigimos la urgente firma y ratificación del Protocolo Facultativo de la CEDAW y de los Convenios que en un plazo no mayor a un año se firme el Convenio 183 de la OIT, que específicamente protege la maternidad de todas las mujeres sin importar que el trabajo sea informal o no remunerado.

Finalmente, urgimos a los gobiernos y al sistema todo de las Naciones Unidas, a cumplir con el compromiso ético y político de la libertad, la igualdad, la justicia y la felicidad para todas las personas.

Firman,