MANIFIESTO
En días pasados hemos asistido a algunos
actos de intimidación contra la ciudadana dominicana Sonia
Pierre, ya sea destruyendo su fotografía de la exposición pública
en el Parque Independencia, donde se la considera entre las 100
mujeres dominicanas representativas de nuestra sociedad, así como
la amenaza de nulidad de su condición de nacional dominicana por
supuestas irregularidades en la tramitación de la misma hace 43 años.
Estas agresiones se suman a una larga lista de actos cometidos en
su contra simple y llanamente porque Sonia Pierre ejerce desde
hace varias décadas la defensa de los derechos humanos de la
población dominico-haitiana, visibilizando la situación de la
inmigración haitiana en República Dominicana y la defensa de las
mujeres de los sectores más desfavorecidos del país, trabajo por
el que es reconocida a nivel internacional por organismos como
Amnistía Internacional y la Robert Kennedy Memorial, quienes han
premiado su labor.
Si bien la destrucción de la fotografía en dos oportunidades no
puede ser atribuida a alguien en concreto, en el caso de la
nacionalidad cuestionada, el organismo de la Junta Central
Electoral ha actuado a instancia de la Fuerza Nacional
Progresista, partido político de perfil conservador que en muchas
de sus actuaciones públicas no hace sino exigir arbitrarios
recortes de derechos a las personas.
Ante estos hechos las organizaciones firmantes, manifestamos lo
siguiente:
Recordamos al Estado dominicano su ineludible deber de protección
a todas las personas que están bajo su jurisdicción. Sobre el
particular y conforme al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, conviene recordar que el Estado dominicano ha asumido un
conjunto de obligaciones jurídicas en torno al derecho a la
nacionalidad.
La primera, es la obligación general de protección de todas las
personas que se encuentran en su territorio, la misma que debe ser
igualitaria, efectiva y sin discriminación. Es decir, el Estado
tiene la obligación de respetar los derechos y libertades, así
como la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de
los mismos a todas las personas que estén bajo su jurisdicción,
tal como lo establece el Artículo 1.1 de la Convención Americana
y el Artículo 8 de la Constitución Dominicana.
La segunda, es la obligación de armonización que requiere que la
Constitución y las leyes sean conformes con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. Por ello, todos los órganos
constitucionales y en particular la Junta Central Electoral les es
prohibido realizar actos o regulaciones discriminatorias o
que tengan efectos discriminatorios que vulneren los derechos
fundamentales de las personas, en este caso el derecho a la
nacionalidad de todos los dominicanos de ascendencia haitiana.
Y por último, la obligación de prevenir y evitar la apatridia,
por el cual el Estado dominicano debe otorgar la nacionalidad a
todas las personas nacidas en su territorio, que de otro modo
quedarían en condición de apátridas, conforme al párrafo 143
de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, del 8
de septiembre de 2005.
Rechazamos el uso por parte del Estado de medidas de intimidación
incompatibles desde todo punto de vista con las buenas prácticas
de un Estado Democrático y de Derecho, más aún cuando las
agresiones contra Sonia Pierre tienen un contenido claramente
racista, xenófobo y discriminatorio, dirigido a su persona como
mujer, como afro descendiente y como dominico haitiana,
contraviniendo expresamente las normas de la Convención contra el
Racismo, la Discriminación y la Intolerancia, y lo estipulado en
la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Hacemos un llamado a todos los Partidos Políticos, recordándoles
que deben operar como medios necesarios para el funcionamiento del
sistema democrático, expresando el pluralismo político, económico,
social y cultural, que posibilite la integración entre
gobernantes y gobernados. Deben, por tanto, adecuar su
funcionamiento al respeto de los valores y principios
constitucionales.
Condenamos y rechazamos la acción política de la Fuerza Nacional
Progresista, ya que su actividad busca vulnerar los principios
democráticos y los derechos fundamentales de los dominicanos y
dominicanas de ascendencia
PARA
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Solo
envie su nombre, número de documento de identidad y país de
procedencia a Ochy Curiel al correo electrónico
ochycuriel@yahoo.com
quien estará
recopilando la información y reenviándola a República
Dominicana.